Luchas obreras | Por Oscar Herreros Usher
El día viernes 11 de octubre los sindicatos, asociaciones de jubilados, organizaciones sociales y trabajadores en general, agrupados en el Frente Sindical y Social, llevarán a cabo una gran movilización de protesta bajo el lema «Contra el robo de nuestros derechos«. La jornada se iniciará a las 9 de la mañana frente a la oficina de la Caja Central del Instituto de Previsión Social (IPS) y luego habrá una marcha hasta el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS).
Alguien podría cuestionar que la consigna es desacertada o arbitraria, porque los paraguayos tenemos un montón de derechos consagrados y garantizados en la Constitución Nacional y en varias leyes tanto antiguas como más recientes. Pero la acción de este gobierno y de los anteriores, todos encabezados por el Partido Colorado, no hace otra cosa que ir escamoteando paulatina e imperceptiblemente esos derechos, especialmente los de la clase trabajadora, que constituye la amplia mayoría de la población. Por eso el propósito de este texto es mostrar cómo nos están robando nuestros derechos y la justeza y oportunidad de esta acción de protesta.
Antes de analizar en detalle cuáles son los derechos que nos están quitando es necesario repasar los métodos que nuestro gobierno, y los de muchos otros países, está utilizando para lograr sus objetivos.
La manera más obvia y directa es dictar una ley que cancele un derecho previamente establecido. Es el caso del derecho que actualmente tenemos las trabajadoras y trabajadores a la estabilidad laboral. Esto lo anunció públicamente el presidente Santiago Peña en un discurso ante un grupo de empresarios que serían los beneficiarios de esa medida y que, desde hace mucho tiempo, lo vienen solicitando en cuanta ocasión se les presenta.
Otro método de robo de algún derecho es coaccionar a los sujetos del mismo para que no lo ejerzan. Esto ocurre con la sindicalización, el derecho de los trabajadores a formar sindicatos, que son una herramienta para defender y mejorar las condiciones del contrato laboral. Es práctica común y extendida que los trabajadores que se reúnen para formar un sindicato sean despedidos por sus patrones; el temor a sufrir esa consecuencia hace que muy pocos se animen a correr el riesgo. Esta forma de chantaje mafioso por parte de las patronales cuenta con la complicidad del MTESS, que omite tomar medidas adecuadas de protección a los trabajadores que pretenden ejercer ese derecho o pone trabas burocráticas y tarda mucho tiempo en reconocer a un nuevo sindicato.
Otra forma de robo es que el gobierno deje de proveer las condiciones materiales para que un derecho pueda ser efectivamente ejercido. ¿Cómo puede ser posible el derecho a la salud cuando los hospitales del sistema de salud pública o del IPS están en ruinas y se caen a pedazos, o no cuentan con personal sanitario en cantidad y calidad profesional necesaria, o no dispongan de los equipos sanitarios o medicamentos en cantidad y variedad suficientes?
Pasemos ahora a enumerar cuáles son los derechos que el gobierno nos está robando o pretende hacerlo y cómo. Varios de ellos están reflejados en las consignas secundarias de la movilización del 11 de octubre.
Los derechos laborales en general. La amenaza del presidente apuntaba a la estabilidad laboral, pero ese anuncio despertó un generalizado rechazo e hizo sonar las alarmas en diversos ámbitos. Una consecuencia fue la toma de conciencia de que el gobierno, especialmente el MTESS, desde hace tiempo viene preparando una gran reforma al código laboral que afectará a diversas cuestiones, como vacaciones, horas extras, jornada laboral, contratos colectivos y varias otras que, como la experiencia mundial lo demuestra,serán modificaciones en perjuicio de los trabajadores, dado que están contenidas en los programas de ajuste impuestos por el Fondo Monetario Internacional (FMI), tan nefastos dondequiera que hayan sido aplicados. La ley de la Carrera del Servicio Civil, parte del programa del FMI y actualmente en estudio en el Poder Legislativo, pretende recortar muchos derechos de los empleados públicos, como los contratos colectivos, la sindicalización, la huelga.
La seguridad social en su forma de jubilaciones y pensiones. En muchos casos ya se han desmantelado las condiciones materiales para el ejercicio del derecho a la jubilación después de muchos años de aportes para lograr una vejez digna y tranquila. Ahí tenemos el escandaloso desfalco a la Caja Bancaria; los responsables no devolvieron lo robado ni sufrieron consecuencias penales. El sempiterno déficit de la Caja Fiscal. La situación de quiebra de la Caja Municipal, de la que numerosos intendentes no fueron responsabilizados por no transferirle a los jubilados los descuentos que realizan a los trabajadores municipales. Los fondos jubilatorios del IPS se encuentran en riesgo por la mora de las patronales en transferir los aportes de los trabajadores, y lo único que hace la directiva del IPS es ofrecerles ventajosos descuentos y no denunciarlos ante la justicia. Por otra parte, la ley de Superintendencia, cuya derogación se reclama, tiene como uno de sus objetivos el uso de los fondos jubilatorios de las diversas cajas para financiar el déficit del Estado y para capitalizar a las mismas empresas que explotan a sus empleados. Cuando las reservas jubilatorias estén agotadas se nos ofrecerán los servicios de las empresas de jubilación privada de cuya voracidad dan sobrado testimonio los trabajadores chilenos. Ni falta hace mencionar la antigua y eterna deuda del Estado con el IPS, que jamás ha aportado lo que la ley establece.
El derecho a la salud, que debe ser garantizado para toda la población por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) y complementado por el IPS en el caso de los trabajadores del sector privado. Para las personas es humillante el intento del ejercicio de este derecho. Largas colas para conseguir turno para una consulta, análisis laboratoriales, exámenes especializados, cirugías u otras intervenciones. Infraestructuras en deterioro por falta de mantenimiento, instalaciones insalubres e infestadas de roedores e insectos. Equipamientos fuera de servicio por no realizarse el mantenimiento técnico necesario. Negociados con la provisión de medicamentos, lo que se traduce en una crónica falta de los mismos, y abultadas y crecientes deudas con las empresas proveedoras. Personal sanitario, médicos, enfermeras, laboratoristas y personal de apoyo en cantidad insuficiente, con remuneraciones miserables, con sobrecarga en los horarios de trabajo; todo esto impide una atención oportuna, eficiente y humanizada. Es urgentemente necesaria una declaración de emergencia sanitaria, tanto en el ámbito del MSPBS como del IPS, con un adecuado aporte de fondos y de medidas para depurar las estructuras delictivas que se han ido instalando para medrar a costa de la salud de la clase trabajadora.
El derecho a un trabajo lícito, libremente escogido y realizado en condiciones dignas y justas, consagrado en el artículo 86 de la Constitución Nacional. Quizás sea este y los demás artículos del capítulo 8 de la Constitución los más violentados en el país. Basta con ver la enorme cantidad de personas que escarban en los basurales que rodean la capital y otras ciudades, que venden frutas y artículos diversos en las veredas y esquinas, que recogen latitas, cartones y otros desechos, que limpian los parabrisas de los autos mientras el semáforo está en rojo. Condiciones dignas y justas; no son dignas ni justas las que son impuestas a quienes trabajan como contratados debiendo emitir facturas y pagar impuestos cada fin de mes, a quienes se les remunera por debajo del salario mínimo, a quienes se amenaza con el despido si intentan asociarse o formar un sindicato, a quienes el patrón no deposita los aportes jubilatorios, a quienes se niega el pago de horas extras, a quienes no se proveen los debidos equipos de protección individual o se les exigen condiciones insalubres o peligrosas, a quienes se les niega una parcela de tierra para cultivar, y una larga y penosa lista.
El derecho a la recuperación de las tierras malhabidas durante y después de la tiranía fascista del Gobierno-Fuerzas Armadas-Partido Colorado, encabezada por Alfredo Stroessner. El proyecto de ley del Registro Unificado Nacional (RUN) encubre un intento de blanqueo. El blanqueo de esas mismas tierras que durante la tiranía stronista se robaron a los legítimos sujetos de la reforma agraria para entregárselas a jefes militares, a dirigentes del Partido Colorado, como los presidentes de seccionales o a empresarios aliados y obsecuentes al régimen, como consta en el informe de la Comisión Verdad y Justicia y que los continuadores del stronismo, beneficiarios de ese despojo, han evitado devolver.
Es necesario tener presente que este robo de derechos es necesario para atenuar la crisis en que se encuentra el sistema de producción capitalista y que las recetas para ello las da el FMI para beneficio directo de la oligarquía que gobierna el país con complicidad y apoyo del crimen organizado, del narcotráfico, del contrabando, del tráfico de armas hacia organizaciones delictivas y del blanqueo de los dineros que esas actividades producen.
Solo mediante la concientización y la organización de la clase trabajadora, es decir, obreros, campesinos, estudiantes y el pueblo en general, lograremos hacer frente a la agresión de la clase dominante y su campaña de saqueo y vaciamiento de nuestros derechos conquistados mediante la lucha y el sacrificio, cárcel, tortura, exilio, muerte y desaparición de quienes nos precedieron.
El 11 de octubre, a las 9 de la mañana, frente al IPS, bajo las banderas y consignas del Frente Sindical y Social daremos una batalla más contra el robo de nuestros derechos.
