Del 20 al 29 de abril de se llevará a cabo el juicio de extradición del militante comunista argentino Facundo Molares. Será a puertas cerradas, y dentro del penal donde guarda reclusión. Molares ya había sido detenido arbitrariamente por más de un año por la dictadura de Janine Áñez hasta su repatriación luego de la mediación del gobierno argentino que -paradójicamente- lo apresó el 7 de noviembre pasado por orden de la fiscalía colombiana.
Sobre lo que se viene en esta causa, conversamos con Alicia «Laly» Machado, militante del Movimiento Rebelión Popular, al que pertenece Facundo. «Las sesiones serán virtuales, el no sale del penal los abogados van a entrar de manera virtual. En este juicio lo único que se define es si corresponde o no la extradición a Colombia, y nosotros lo que venimos denunciando desde el primer momento es que este proceso es un mamarracho jurídico, ateniéndonos a las leyes vigentes y al acuerdo de extradición entre nuestro país y Colombia«, relata.
«La defensa a presentado una buena cantidad de recursos que han sido todos rechazados, vemos que hay una complicidad de la justicia argentina con la colombiana. Por otra parte, el caso de Facundo no está en el área de competencia de la justicia ordinaria colombiana, ya que al haber sido él un desmovilizado del proceso de paz, como ex guerrillero de la FARC, cualquier cuestión judicial debería dirimirse en la Jurisdicción Especial para la Paz. El proceso actual es ilegal e ilegítimo, todo está mal planteado desde el inicio«, remarca Machado.
El caso, de claro corte político, está hoy en manos de la sesgada justicia argentina, quien tiene en su historial la nefasta extradición de los seis militantes Arístides Vera, Gustavo Lezcano, Basiliano Cardozo, Agustín Acosta, Roque Rodríguez y Simeón Bordón, entregados a la justicia paraguaya por obra de Aníbal Fernández, bajo los gobiernos de Cristina Fernández y Fernando Lugo. «Tenemos la posibilidad luego de este juicio de apelar a la Corte Suprema y por último, como lo plantea el acuerdo de extradición, al Poder Ejecutivo, que es quien tiene la última palabra, en este caso, Alberto Fernández«, explica Laly Machado.

«Argentina no puede entregar a un argentino, a un militante popular, a un Estado como el colombiano que no garantiza ningún derecho. No debería seguir dando cabida a un proceso jurídico mal planteado, y más aún considerando el grave estado de salud de Facundo, que debe operarse del corazón, necesita un tratamiento que fue suspendido desde su detención ya que no se ha permitido que siga el proceso desde su domicilio, por un a decisión de carácter político, no legal, como una muestra clara de la complicidad del Estado argentino con el Estado terrorista colombiano«, enfatiza.
«Iremos a este juicio, seguiremos peleando por su libertad inmediata y recurriremos a todas las instancias con el mismo planteo que tenemos, que esta es una persecución política. Tenemos una verdad política, jurídica e histórica para plantear sobre la mesa«, finaliza.
Fotos: capturas de un videoiforme de Barricada TV
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