¿Se puede negociar el salario?

Análisis |Alhelí González Cáceres[1]

El pasado mes de mayo inició nuevamente el ritual de la negociación entre patronales y trabajadores en la búsqueda de un supuesto acuerdo en torno a cuánto debería aumentar el salario mínimo en Paraguay. Por el lado de la patronal, el argumento es el mismo que años atrás; el salario no puede aumentar más que el porcentaje de variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) porque de lo contrario se generarían distorsiones en el mercado de trabajo que podrían desencadenar en procesos inflacionarios, cierre de empresas y desempleo. Por el lado de los trabajadores, las debilitadas centrales sindicales colocan que el poder adquisitivo del salario viene en picada y ha caído al menos un 30 %, haciendo imposible para la clase trabajadora cubrir el costo de vida actual, por ello, proponen un incremento del 22 %. En el medio, el gobierno sosteniendo la ficción del equilibrio macroeconómico y de la necesidad de tomar decisiones que no afecten la supuesta estabilidad de la economía.

Cada año este debate sobre el salario mínimo se presenta como una negociación entre trabajadores, empresarios y gobierno. Pero detrás de las cifras se esconde una realidad menos neutral, menos técnica y mucho más política de lo que las patronales y el gobierno quisieran reconocer. En las economías capitalistas, el salario no se negocia entre iguales. Y para graficarlo, reformulemos la idea con esta interrogante: ¿puede realmente negociarse el salario cuando quienes participan de esa negociación no se encuentran en condiciones materiales equivalentes?

Por lo general, las discusiones sobre el salario suelen abordarse desde un punto de vista técnico-económico en donde priman indicadores como inflación, productividad, costos laborales, competitividad. Pero el salario no es una variable técnica, es, ante todo, una relación social y por tanto política. Lo que está en disputa no es cuánto debe aumentar el ingreso mensual de quienes trabajan, sino cómo la sociedad capitalista distribuye la riqueza producida socialmente entre el capital y el trabajo.

El argumento de las patronales parte de una premisa clara, el salario es entendido como un costo que se debe controlar. Y desde esta perspectiva, un aumento superior al IPC sería económicamente irresponsable porque incrementaría los costos de producción, reduciría el margen de ganancia y podría traducirse en despidos o mayor informalidad. Este razonamiento aparece constantemente revestido de sentido común, un sentido común moldeado y construido durante décadas por las patronales desde sus aparatos ideológicos[2].

Dicho sentido común encierra una asimetría fundamental. En el discurso empresarial, la rentabilidad aparece como esa variable intocable, casi natural. Mientras el salario se presenta como esa variable flexible, aquella que puede modificarse en función de las necesidades de la acumulación. Dicho de otro modo, cuando el capital enfrenta presiones, la solución propuesta es siempre la misma: ajustar por el lado del trabajador y contener el ingreso de quienes viven de la venta de su fuerza de trabajo.

Esta lógica resulta particularmente  visible en Paraguay, en donde la estructura económica depende en gran medida de sectores que son intensivos en la explotación de la fuerza de trabajo como es el sector de los servicios, las maquilas, los comercios, las pequeñas y medianas empresas, y en donde buena parte de la competitividad se sostiene sobre bajos costos laborales. En este contexto, los bajos salarios no son una anomalía del sistema, sino la condición de su funcionamiento.

El papel del gobierno en la mesa de negociaciones no es otro que despolitizar el conflicto de clase, la contradicción entre el capital y el trabajo que se personifica y toma cuerpo en los representantes de las patronales por un lado, y los trabajadores por el otro. El lenguaje que utiliza el gobierno, el del equilibrio macro, cumple una función que es profundamente ideológica, no técnica. Cuando el gobierno afirma que debe proteger tanto al trabajador como a los empresarios, lo que dice en realidad es que el salario puede aumentar, siempre y cuando no afecte significativamente la tasa de ganancia.

Esto es importante porque el salario mínimo suele aparecer  como resultado técnico que deriva de oscuras formulaciones matemáticas y estadísticas. Como si bastara observar el IPC y aplicar un ajuste automático. En este punto es importante señalar algo que convenientemente las patronales pierden de vista y es que, el IPC solamente refleja variaciones en los precios de determinadas mercancías mientras subestima el deterioro real de la capacidad del salario para garantizar la reproducción de la clase trabajadora.

El problema es que el IPC mide variaciones promedio, pero no refleja necesariamente el valor de la reproducción social de la clase trabajadora, invisibiliza las diferencias de clase expresadas en patrones de consumo diferenciados y omite deterioros en los servicios públicos como salud, educación, transporte, que encarecen indirectamente la reproducción de la fuerza de trabajo, o lo que es lo mismo, el costo de vida para los trabajadores. Por esta razón es que debemos comprender que la discusión sobre el salario mínimo no es técnica, es esencialmente política, pues expresa la decisión sobre qué nivel de vida la sociedad capitalista considera aceptable para quienes venden su fuerza de trabajo.

La ficción de la negociación

La teoría económica dominante, neoliberal, presenta el salario como el precio del trabajo, determinado mediante la negociación entre oferta y demanda, pero esta formulación es engañosa. Porque lo que la clase trabajadora vende no es su trabajo, sino su fuerza de trabajo, su capacidad para trabajar. Y esa venta no ocurre en condiciones de libertad sustantiva, aunque jurídicamente se exprese como un contrato entre iguales.

Formalmente, trabajador y empleador son sujetos libres jurídicamente que firman un acuerdo voluntario. Materialmente, la situación es distinta. El trabajador necesita vender su fuerza de trabajo para poder sobrevivir. Necesita del salario para poder comer, vestirse, pagar el alquiler, movilizarse, cuidar su salud, educarse y sostener a su familia. El capitalista, en cambio, controla los medios de producción y el acceso al empleo. Y esta diferencia altera por completo la supuesta igualdad de la negociación.

Para el trabajador, no vender su fuerza de trabajo implica enfrentar privaciones materiales. Para el capitalista, no contratar a una persona específica rara vez implica una amenaza equivalente. Puede buscar otro trabajador, automatizar procesos o reorganizar la producción. En sociedades con altos niveles de desempleo, subempleo e informalidad, esta asimetría es aún más profunda.

En Paraguay, donde una proporción significativa de la fuerza de trabajo vive entre la informalidad y la precariedad, la capacidad de negociación salarial se encuentra severamente debilitada. No se negocia desde una posición de igualdad, sino desde la necesidad. Por eso la pregunta de fondo no debería centrarse únicamente en si el salario mínimo debe aumentar en 5 %, 10 % o 22 %. La pregunta en realidad es otra ¿Qué salario necesita realmente una persona trabajadora para reproducir dignamente su vida?

El reclamo del 22 % no debe leerse únicamente como una cifra arbitraria o maximalista. Expresa una realidad social, para amplios sectores de la clase trabajadora paraguaya, el salario ya no alcanza. Y no alcanza no solo por el aumento en el precio de los alimentos, sino porque el costo de reproducir la vida se ha encarecido de múltiples formas, alquileres más caros debido a  la especulación inmobiliaria, transporte cada vez más costoso, servicios deficientes, medicamentos inaccesibles, endeudamiento creciente y sistemas públicos debilitados. Es decir, en las sociedades capitalistas, la riqueza de unos pocos se sostiene sobre el sacrificio de quienes trabajan.

Aquí es en donde el IPC muestra sus límites como indicador para determinar la suba del salario. Puede registrar una inflación promedio, pero no necesariamente refleja el deterioro real de las condiciones de vida de los hogares de la clase trabajadora. La inflación, además, no impacta igual a las patronales y a los trabajadores. El aumento de bienes básicos pesa mucho más sobre quienes destinan casi todos sus ingresos al consumo inmediato. Sobre la inflación es necesario recordar también, aunque no nos detengamos en ello ahora, que constituye precisamente un mecanismo de transferencia de riqueza desde los trabajadores hacia los capitalistas, y que las causas de la inflación son múltiples y no una relación lineal entre la expansión monetaria y los precios.

Lo que la teoría marxista nos enseña sobre el salario es que este no remunera el valor total producido por el trabajador. Durante la jornada laboral, una parte del tiempo de trabajo repone el equivalente al salario, el resto genera un valor adicional o plusvalor que es apropiado por el capitalista bajo la forma de ganancia. Esa diferencia constituye la base de la explotación capitalista, por eso es que la explotación no remite a una categoría moral, sino concreta. En este sentido, es que la disputa salarial nunca es solamente una discusión sobre precios, es una disputa por la distribución del excedente en una sociedad.

Cada aumento salarial que supera el mínimo necesario para la reproducción de la fuerza de trabajo reduce, aunque sea de forma marginal, la porción de valor que es apropiada por los capitalistas. Por eso la resistencia empresarial a incrementos significativos no responde a preocupaciones macroeconómicas, sino a una lógica estructural de defensa de la acumulación.

Volviendo a la pregunta con la que iniciábamos este artículo, ¿Se puede negociar el salario? Si por negociación entendemos un proceso en el que ambas partes negocian desde puntos de partida equivalentes, la respuesta sería sí. Sin embargo, en las sociedades capitalistas, como hemos visto, este punto de partida no es igual y se encuentra condicionada por el  lugar que ocupa cada clase en el proceso de producción. Entendiendo esto podemos arribar a una conclusión  incómoda, no hay negociación posible entre partes con un poder desigual que deriva precisamente de la posición que ocupan en el proceso de producción.  Bajo el capitalismo, el salario aparece como resultado de un acuerdo libre en apariencia, pero está profundamente condicionado por relaciones estructurales de poder que derivan de condiciones materiales concretas. La necesidad de vender la fuerza de trabajo para sobrevivir impone límites muy concretos a la capacidad de negociación de la clase trabajadora.

Esto no significa que la lucha por reivindicaciones salariales carezca de sentido, importancia o utilidad. Todo lo contrario. Significa que la disputa por el salario es una de las expresiones más evidentes de la contradicción capital – trabajo, de la lucha de clases.

Tal vez, entonces, el problema no sea únicamente cuánto debería subir el salario mínimo este año. Tal vez el problema sea más profundo, porque mientras una parte de la sociedad negocia desde la necesidad y la otra desde la propiedad, la llamada “negociación salarial” difícilmente pueda considerarse verdaderamente libre.

En un disputa desigual, en donde la cultura, la ideología, la educación y la ciencia se organizan en función a la lógica patronal capitalista, una negociación salarial capaz de recuperar capacidad adquisitiva para la clase trabajadora, dependerá de la profundidad de su consigna y de la masividad lograda, condiciones que requieren de diversos atributos como claridad política, honestidad a toda prueba, valentía, capacidad para el trabajo colectivo y organizado, entre otros, porque se trata de relaciones de fuerza y de poder que deben ser modificadas para alcanzar un poco más de justicia distributiva. Es por ello que debemos comprender que la discusión sobre el salario en las sociedades capitalistas nunca se trata únicamente de números. Se trata de relaciones de poder, de lucha de clases. Y sobre todo, de quién se queda con la riqueza que produce el trabajo.

[1] Economista. Universidad de Pinar del Río, Cuba. Magíster en Ciencias Sociales, FLACSO Paraguay. Doctoranda en Economía, Instituto de Industria, Universidad Nacional de General Sarmiento, Buenos Aires, Argentina. Investigadora Asociada al Centre for the Study of Social and Global Justice, United Kingdom. Asociada a la World Association for Political Economy, China. Integra la Sociedad de Economía Política del Paraguay, la Sociedad de Economía Política y Pensamiento crítico en América Latina y el Caribe. Miembro de los GT de CLACSO Crisis y Economía Mundial y Lex Mercatoria, Poder Corporativo y Derechos Humanos. Es responsable política de la Comisión Nacional de Ideología y Formación del Comité Central del Partido Comunista Paraguayo.

[2] Cuando hablamos de aparatos ideológicos nos referimos a las escuelas, colegios, universidades, medios de comunicación, instituciones religiosas.