Editorial del 14 de julio de 2025

El plan de “modernización” del Estado que funciona en el Paraguay, promovido por Horacio Cartes a través de Santiago Peña, es parte de la exigencia de los capitales que operan en nuestro país para que sus negocios sean más exitosos. Ese es el objetivo.

El Estado que opera en Paraguay fue construido para garantizar los negocios de corruptos explotadores 

Durante la tiranía  narcomafiosa, ladrona y terrorista de Alfredo Stroessner, se consolidó un modelo de Estado para enriquecer a una camarilla de delincuentes compuesta por grandes terratenientes, banqueros y empresarios al servicio de los intereses extranjeros liderados por los EE.UU. y por el Brasil, principalmente.

Durante ese proceso liderado por Stroessner, como buen operador de la embajada norteamericana, se usaron los créditos del Estado y los negocios para mejorar la infraestructura del país en función del enriquecimiento de explotadores. De esta manera, como resultado de la corrupción de empresarios y politiqueros, se robó  dinero y cargó  en las espaldas del pueblo trabajador tanto las deudas como las inversiones y construcciones sobrefacturadas y deficientes. 

El engaño detrás de la «modernización» del Estado

El modelo de Estado en donde la coima en varias instituciones, junto al tráfico de influencias para amañar licitaciones, volvió muy lenta la realización de las ganancias para los explotadores, viene siendo cuestionado por los capitalistas, sobre todo extranjeros. Por eso, desde hace años vienen haciendo el intento de “modernizarlo”, con ajustes de impuestos para que les cueste menos a los empresarios; así como de funcionamiento del Estado para que no existan tantos lugares en los cuales coimear y  para que la centralización del soborno permita una mayor rapidez para inversiones y negocios.

La modernización solo busca mejorar la vida de los inversionistas, los dueños de las grandes empresas, tierras y bancos. La modernización no busca mejorar los negocios pequeños ni los comercios en los mercados de las ciudades. Su intención no es facilitar a los emprendimientos familiares garantías jurídicas ni comerciales para que se desarrollen mejor. Tampoco busca dar estabilidad laboral a las mayorías trabajadoras con ajustes salariales que permitan recuperar y mejorar la calidad de vida, con total respeto del código laboral y asegurar  la jubilación. 

El gobierno no está reestructurando el Estado para recuperar las tierras malhabidas y favorecer la democratización de una de las distribuciones más desiguales de la tierra que existen en el mundo, como es la distribución de tierra paraguaya. No moderniza la estructura estatal para devolver tierra al campesinado y garantizar condiciones para una gran y diversa producción frutihortícola y agroecológica para mejorar la alimentación del pueblo paraguayo. Tampoco piensa en mejorar sus instituciones para garantizar a los pueblos indígenas sus territorios ancestrales y la posibilidad de desarrollarse de forma integral.

También está muy claro que la “modernización” del Estado no busca igualar las oportunidades construyendo un sistema de educación y de salud pública que sean de calidad y garanticen el desarrollo de talentos. Tampoco se pretende modernizar el Estado en el Paraguay para un mejor desarrollo científico, cultural, artístico y deportivo de toda la población, garantizando un manejo de recursos con políticas públicas justas e inclusivas.

Los explotadores de personas y de tierras, están reestructurando el Estado paraguayo para mejorar sus condiciones de saqueo y enriquecimiento a costa del esfuerzo de las trabajadoras y los trabajadores.

El “paquete de siete leyes”: herramienta para legalizar —y optimizar— el robo

La concentración de poder en el Ministerio de Economía y Finanzas centraliza las decisiones para favorecer los intereses de la minoría millonaria. Mediante la “reforma” del Estado, ajustan las leyes para que el trabajo de las mayorías sea cada vez más precario y con menos derechos, al mismo tiempo que garantiza el uso discrecional de grandes sumas de dinero sin que existan demasiados mecanismos de control. 

Las leyes de superintendencia de jubilaciones, del servicio civil, de mipymes, de reorganización de la policía, de reestructuración de instituciones y ministerios del Estado, entre otras, buscan ahorrar dinero para mejorar las ganancias de los pocos millonarios.

Este paquete de leyes está orientado a utilizar dinero de los trabajadores, como son los fondos jubilatorios de IPS, sacando derechos a los funcionarios públicos para igualar al pueblo trabajador en cuanto a la precarización laboral sin ninguna seguridad ni cobertura; o “legalizar” el  pago de salarios menores al mínimo. En el caso de la ley Zavala-Riera, o el nuevo Registro Unificado Nacional (RUN), buscan legalizar  las tierras malhabidas y la usurpación y atropello a tierras del campesinado, a tierras de los pueblos indígenas o a reservas naturales.

El caso de la fusión en torno al Ministerio de Industria y Comercio, de instituciones como el viceministerio de Minas y Energías y la Secretaría de Turismo, pretende concentrar decisiones y recursos en torno a una cartera del Estado, buscando fortalecer el mensaje comunicacional de un supuesto menor gasto por parte del Estado. 

Los flujos comerciales y financieros se concentran en ambos ministerios, desarrollando negocios concentrados en el terreno forestal, para profundizar el saqueo de nuestros recursos naturales, tanto en suelo como en subsuelo. Un ejemplo claro fue el reciente foro “Unión Europea-Paraguay”, donde los negocios propuestos para el saqueo de nuestros recursos naturales, se exhiben a tan solo un clic de distancia. Así,cualquier inversor, por ejemplo, puede acceder a hectáreas de eucalipto en el marco de los llamados créditos de carbono —que tampoco buscan mejorar el medioambiente, como ya está sobradamente demostrado en estos años de existencia del mencionado negocio—.

Entonces, por un lado, agrupan los fondos para manejar más fácilmente el dinero, incluyendo los fondos jubilatorios de años de sacrificio de los trabajadores. Por el otro, se “modernizan” para seguir vendiendo tierras y recursos naturales, incluyendo los minerales; y ajustan la policía nacional para modernizar las armas y las técnicas de represión, profundizando la deuda pública que también es pagada con los impuestos aportados por la mayoría trabajadora. 

Este proyecto de precarización general y pérdida de derechos de los trabajadores van de la mano del fortalecimiento del sistema represivo. Para evitar que crezcan las movilizaciones y protestas frente a este robo y atropello —liderado por el nefasto grupo Cartes— se ajustan leyes para criminalizar la protesta social.

Por ahí va su hoja de ruta impuesta por los capitales extranjeros capitaneados por los EE.UU., que controla el FMI, la Unión Europea y el empresariado brasileño. Por lo que la claridad y el trabajo de unidad de las mayorías trabajadoras es urgente y necesario para organizar un proyecto efectivo de recuperación de derechos y recursos.

Para nosotros está claro que las trabajadoras y los trabajadores de la ciudad y del campo, incluyendo al campesinado, los pueblos indígenas, los pequeños y medianos comerciantes y emprendedores, así como intelectuales, científicos y artistas, debemos construir un gran frente independiente para destruir este proyecto tan perjudicial y construir otro que realmente mejore nuestras vidas, que es lo mismo que decir la vida de las mayorías.