Por Alhelí Cáceres*

“La capacidad de trabajo despojada de los medios de trabajo y de los medios de vida es por lo tanto pobreza absoluta como tal, y el trabajador, como mera personificación de la capacidad de trabajo, tiene en realidad sus necesidades, mientras que la actividad de satisfacerlas solamente es poseída por este como una capacidad no objetiva (una posibilidad) contenida dentro de su propia subjetividad. En estos términos, conceptualmente hablando, es un MISERABLE, es la personificación y receptáculo de esta capacidad que existe por sí misma, aislada de su objetividad” K. Marx, 1863

En medio de la crisis más profunda que haya experimentado el sistema capitalista mundial y de las repercusiones que esta tiene sobre las economías dependientes, como es el caso de la región en general y, de Paraguay en particular, Mario Abdo Benítez cumple su segundo año de mandato, como capitán de un barco que no se encuentra a la deriva, como tendenciosamente pretenden hacernos creer, por el contrario, se encuentra muy bien direccionado y con el puerto identificado que no es otro, que el de la reestructuración del capital para superar (al menos parcialmente) una crisis de larga data que no resulta de la pandemia pero que encuentra en esta, la oportunidad  para profundizar en la ofensiva contra el trabajo y la clase obrera [1] mundial, una ofensiva iniciada como resultado del fracaso del modelo keynesiano y el consecuente desmantelamiento de los Estados de bienestar, la implosión de la primera experiencia de construcción socialista y la imposición del orden neoliberal, esencia misma del capital que, al encontrarse ante la ausencia de un enemigo concreto que disputase la hegemonía mundial y que, con luces y sombras representara una alternativa real a la sociedad capitalista, no tuvo mayores reparos en deshacerse de la máscara que lo cubría, la de un “capitalismo con rostro humano” e iniciar con diversa intensidad su avance sobre los derechos adquiridos tras las históricas luchas obreras.

En el discurso oficial, es la pandemia la causante de la crisis económica y sanitaria por la que atraviesa no sólo nuestro país, sino el mundo entero. Sin embargo, es lícito suponer que detrás de las apariencias se esconden otros aspectos que van más allá de una interpretación simple y llana como hallar en la pandemia, la causa de todos los males, entonces, si no es la pandemia la causante de la crisis actual ¿quién o quiénes son los culpables?

Para llegar a los culpables de la crisis es preciso conocer la manera en la que funciona nuestra sociedad y para ello debemos recordar que son las relaciones económicas internacionales las que, en última instancia, condicionan el desarrollo de las relaciones económicas a escala nacional, como parte de la unidad global que representa el capital como relación social dominante. De modo que, si son las relaciones económicas internacionales las que, en última instancia condicionan la especificidad otorgada por el capital a nuestro país dentro de los marcos de la división internacional del trabajo; esto implica que no existe otra forma posible de desarrollo dentro del sistema. Dicho de otro modo, la forma que ha adoptado el capitalismo en Paraguay es la única posible, presentándose entonces como el propio límite para el desarrollo de la sociedad en su conjunto. De esta forma hemos hallado al responsable de la crisis, que no es otro que el propio capital y su racional irracionalidad. ¿Pero cómo hemos llegado a este punto?

El impacto de la crisis

La economía cerró el primer semestre del año 2019 con una recesión técnica estimada en 3% interanual, según el Banco Central del Paraguay (BCP),  mostrando una tímida recuperación en el segundo semestre. Es en un contexto de lento crecimiento en el que el país recibe la pandemia, un crecimiento que ha sido históricamente excluyente y empobrecedor.

Según refleja la Encuesta Permanente de Hogares (EPHC), en el primer trimestre del año el desempleo se incrementó en un 1% con relación al año anterior, lo que en términos absolutos corresponde a unas 33.169 personas aproximadamente, afectando en mayor proporción a las mujeres con un incremento del 1,2%. La crisis ha afectado sumamente a la clase trabajadora, en lo que va del año, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha documentado 88.000 suspensiones laborales y recepcionado 2.000 denuncias por despido injustificado, en medio de las irrisorias medidas implementadas por el gobierno para contener el hambre y a pesar de las líneas de crédito, exenciones fiscales y prórroga en el pago de impuestos para las empresas, arriesgando la ya escasa recaudación fiscal.

Entre las medidas de contención social se encuentran los programas de transferencias monetarias como Pytyvo, destinado a subsidiar a los trabajadores informales, alcanzando a 1.115.037 personas, en este punto es importante recordar que de los 3.686.661 individuos que conforman la población económicamente activa,  el 71%,  unas 2.617.529 personas aproximadamente, se emplean en el sector informal, por tanto, el subsidio evidentemente no ha llegado a toda la población afectada por las medidas de confinamiento. El monto destinado en este concepto es de Gs. 1.914.600 millones. Si nos percatamos, el subsidio para los trabajadores informales apenas alcanzó a la mitad de ellos, quedando el resto de los trabajadores a su suerte sin más opción que organizar la resistencia al hambre ante la indolencia del gobierno.  Siendo ejemplo de ello el surgimiento de las ollas populares,  actualmente extendidas por todo el país y que tan sólo en uno de los asentamientos urbanos del área metropolitana, alimenta a más de mil personas; esto por supuesto, sin ningún tipo de ayuda por parte del gobierno pues, como dice la canción “las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas”.

Por otra parte, el programa Ñangareko constituye un subsidio alimenticio que beneficia a un total de 285.340 familias, equivalente a Gs. 165.000 millones. El subsidio que recibe cada familia ronda los Gs. 548.210, lo que representa una cuarta parte del salario mínimo legal vigente de Gs. 2.192.839, mismo que resulta insuficiente para cubrir las necesidades más elementales de reproducción de la fuerza de trabajo.

Los despidos y las constantes violaciones de los derechos laborales se han convertido en la constante de estos meses a pesar de las medidas implementadas por el Estado en el intento de contener el desempleo.  En las zonas urbanas el 42,4% de la población ha perdido su empleo o su principal fuente de ingresos, mientras que el 41% presenta serios inconvenientes para encontrar alguna fuente de ingresos. En el primer trimestre del año, 33.169 personas pasaron a formar parte de los nuevos desocupados, mientras que la tasa de ocupación también cayó en 2,9%, una disminución que en términos absolutos ronda las 86.000 personas. Por otra parte, el 72% de los habitantes de las zonas urbanas ha registrado disminución en sus ingresos, esto es disminución del salario percibido, en el mejor de los casos, asimismo, el 47,1% se encuentra con  problemas para pagar deudas y alquileres en un país que cuenta con un déficit habitacional que afecta a más de un millón de familias (DGEEC, 2020).

Análogamente, el Ministerio de Hacienda comunicó que no se incrementará el monto que recibe la clase trabajadora como subsidio, a la par que las empresas privadas se han beneficiado con groseras exenciones fiscales junto a créditos a tasas preferenciales, para las que se ha habilitado un presupuesto de Gs. 1.346.700 millones, de los cuales Gs. 120.000 millones han sido canalizados por el Ministerio de Hacienda a través de la Agencia Financiera de Desarrollo. Cabe mencionar que, entre las jugadas realizadas por las patronales a los trabajadores con el propósito de no ver disminuidas sus ganancias, se encuentra la de disminuir los salarios y complementarlos con el subsidio otorgado por el Instituto de Previsión Social (IPS) a los trabajadores, haciéndolo pasar como parte del salario.

Una política de mayor endeudamiento

Y como era de esperarse, en una suerte de “crónica de una muerte anunciada”, el gobierno  no ha encontrado mejor manera de enfrentar la crisis que aumentando peligrosamente el endeudamiento público a través de la emisión de bonos mal llamados “soberanos” para sostener en parte, las medidas económicas, tan frías como ineficientes, implementadas en los últimos meses, no sin antes asegurarse de violentar derechos adquiridos por los trabajadores como el contrato colectivo y las bonificaciones, así como congelar el aumento salarial para el sector público y privado en tanto se retorne al déficit fiscal de 1.5% establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal.  Hoy la economía paraguaya tiene un 5% de déficit fiscal, el cual pudo haber sido menor si efectivamente se hubiera reformado el sistema tributario que continua privilegiando a las élites económicas que históricamente se han enriquecido a expensas de los recursos naturales, la corrupción y la flexibilización laboral, con exenciones de todo tipo, además de garantizar la transferencia de riqueza y la fuga de capitales hacia el exterior por parte de las transnacionales del agronegocio.

La escasa capacidad de recaudación presenta como contrapartida la necesidad de endeudar al país para sostener el funcionamiento de la economía en general y, de la estructura del Estado en particular, por lo que el gobierno decidió continuar con la misma dinámica de endeudamiento vía emisión de bonos. En la actualidad, la deuda pública alcanza los USD 10.871,4 millones, de los cuales USD 5.360,0 millones corresponden a bonos internacionales. Del total de deuda pública unos USD 9.339,0 millones corresponden a deuda externa.

La deuda pública representa hoy el 30,7% del PIB, lo que resulta sumamente riesgoso para una economía de pequeño volumen, con un sector externo dependiente de la producción de commodities, cuya característica es la fluctuación de los precios en el mercado internacional.

A esto se le añade la escasa capacidad de recaudación,  la evasión fiscal que según la Subsecretaría de Estado de Tributación ronda el 30% y, por supuesto, la baja presión tributaria que ronda el 14% según el ranking elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), lo que ubica a nuestro país en el último puesto, muy por debajo del promedio regional que supera el 20%, condimentos perfectos para un posible default.

Lo que hace insostenible y peligrosa la deuda es justamente el hecho de que los recursos obtenidos por la colocación de los títulos en el mercado financiero privado internacional son utilizados en una gran proporción para el servicio de la deuda, es decir, contraer deuda para pagar deudas. Según los datos del Ministerio de Hacienda, al cierre del 2018,  USD 1.210 millones de los recursos obtenidos han sido utilizados para amortizar deudas, mientras que unos USD 1.877 fueron destinados al financiamiento de obras públicas. (MH, 2019)

El gobierno pretende seguir endeudando al país en la continua dinámica de transferencia de riquezas de los trabajadores hacia los capitalistas, bajo el discurso de sostener un programa de “reactivación económica” que ve al sector de los agronegocios como el potencial dinamizador ¿pero a qué costo? ¿reactivar qué economía? Aquella que concentra las tierras y condena a miles de familias al éxodo y la miseria,  aquella que posibilita fugar capitales a través de las grandes corporaciones transnacionales que repatrian sus utilidades amparadas en la Ley de Garantía de Inversiones,  sin dejar ni un centavo y mucho menos capacidades instaladas en el país, aquella que avanza sobreexplotando los recursos naturales contaminando todo a su paso, aquella que no genera fuentes de empleo ni posibilidades de desarrollo.

¿Una reforma del Estado? De lo que se trata es de demoler el Estado oligárquico y mafioso

Mientras que la población resiste el hambre gracias a la solidaridad de quienes menos tienen, en medio de la crisis y el confinamiento, las élites que han empobrecido y saqueado a la clase trabajadora, impulsan desde la comodidad de sus oficinas, lujosas viviendas y estómagos llenos, una “Reforma del Estado” como respuesta a la ineficiencia en el gasto público, y en la que se plantea como solución casi mágica al problema, la disminución del gasto, el achicamiento del Estado y la privatización de las empresas públicas como es el caso de la ofensiva contra la ANDE y la estratégica descapitalización a la que han condenado a las empresas públicas en general, y a la ANDE en particular, siendo esta la que mayores ingresos reporta al Tesoro y, como es de esperar, no se contempla la reforma integral de un sistema tributario que sostiene y reproduce la desigualdad, sin contemplar el gravamen a las exportaciones de commodities y las grandes fortunas.

En la cruzada contra la clase trabajadora en general se hizo necesario habilitar el correlato del trabajador público ineficiente, que absorbe recursos públicos y cuenta con mayores beneficios de los que en realidad merece. Este discurso no sólo ha resultado útil a los interese de las clases dominantes, sino que ha sido necesario para impulsar la “reforma” ¿pero qué reforma podemos esperar de aquellos que hace más de medio siglo se han venido enriqueciendo con recursos públicos? De seguro nada favorable para las mayorías trabajadoras.

Una de las tesis que sostiene la necesidad de la reforma se sustenta en la reducción del gasto público, pero en realidad, Paraguay es uno de los países que se encuentra por debajo del promedio de inversión pública en la región. Y según el informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) nuestro país no aprovechó el boom del precio de las commodities para incrementar la inversión, sino todo lo contrario, se han registrado por un lado, despilfarro de recursos públicos y, por el otro, una baja tasa de ejecución del gasto, según el mismo informe. Asimismo, el BID ubica a nuestro país como el de peor gasto público en la región, con un derroche de recursos equivalente al 3,9% del PIB, unos USD 1.560 millones.

Derechos humanos, educación y salud. Materias pendientes

Y cuando parece que lo hemos visto todo, el gobierno se esmera en demostrar que puede hacerlo incluso peor, no preso de una  equivocación inocente, sino en una clara estrategia de control social. En medio de la pandemia y la crisis mundial, los resabios autoritarios y conservadores de la élite mafiosa no se han hecho esperar y se han manifestado en toda su crudeza. Por un lado, el Ministro del Interior,  haciendo uso de un discurso acorde al terrorismo de Estado tan naturalizado por quienes nos gobiernan, autoriza la utilización de la fuerza policial contra los ciudadanos, y no conforme con ello, el tragicómico papel de la Policía Nacional moldeando un discurso que culpabiliza al trabajador de a pie, a los más vulnerables, de la expansión de los contagios, fue sin duda, el más lamentable de todos. Mientras que el gobierno en medio de denuncias de corrupción en las compras públicas, no ha dotado ni a los médicos ni a las instituciones de salud de los insumos y equipos necesarios para el tratamiento de la enfermedad en medio del caos que supone un sistema sanitario precarizado como resultado de décadas de abandono y robo descarado.

Nos encontramos a más de cinco meses de haberse declarado Emergencia Nacional y de la cuarentena total que había impuesto el gobierno para “ganar tiempo” y equipar el sistema de salud pública, existe déficit de camas UTI, respiradores, trajes protectores, medicamentos e insumos generales, necesarios para el tratamiento de cualquier enfermedad y que ubica hoy en jaque al Ministerio de Salud ante el avance de los contagios que, contabilizan al día más de seis mil, y lo que este hecho supone para un sistema ya colapsado y una población vulnerable debido a enfermedades concomitantes, resultado de la mala alimentación y un ineficiente sistema de salud pública.

Lo que no podía ser de otra manera, teniendo en cuenta que en el año 2019 la cartera de Estado sólo invirtió el 17% de su presupuesto en compra de insumos y medicamentos, en tanto que el gasto per cápita en salud en el mismo año fue de apenas USD 235. Con la Declaración de la Ley de Emergencia, el gobierno destinó a salud un presupuesto de Gs. 1.545.866 millones de los cuales sólo se han ejecutado hasta el momento Gs. 94.851 millones.

Es importante recordar que Paraguay es uno de los países que menos recursos destina a la inversión pública en toda la región, ubicándose en el último lugar en cuanto a gasto social, con apenas un 8,6%,  muy por debajo del gasto promedio en América Latina y el Caribe, que ronda el 13,2%, mientras que en Centroamérica alcanza un promedio de 9,1% y en el Caribe un 12,2% según estimaciones de la CEPAL realizadas en el año 2019.

Por otra parte, la lamentable gestión del  ministro Eduardo Petta al frente de uno de las carteras de Estado más relevantes cuando se piensa en el desarrollo social como lo es la educación, ha sido sin temor a equívocos la peor entre las peores. La pandemia también ha contribuido a evidenciar –aún más- las deficiencias de un sistema educativo de baja calidad y en la que ni docentes ni las familias se encuentran en condiciones de asumir los desafíos de la educación a distancia en un contexto de confinamiento y extrema vulnerabilidad económica y social.

Algunos medios locales hablan de que la pandemia “abrió” una grieta en el sistema educativo paraguayo, sin embargo, la realidad es que el sistema educativo paraguayo ya se encontraba en lo más profundo de un pozo de ignorancia, mediocridad y fundamentalismo de toda índole. Las calificaciones obtenidas por el sistema educativo en las pruebas regionales PISA-D realizadas en el año 2019 en el marco de la OCDE, dan cuenta de la enorme grieta. Un sistema pensado para sostener este orden, o más bien desorden, y que se encuentra lejos del promedio regional, Paraguay se ubica como uno de los países con la peor educación en toda América Latina.

La brecha digital se constituye en uno de los problemas que el gobierno no ha podido ni quiso resolver y que hoy, en medio del confinamiento, se ubica como traba para continuar con la educación desde las viviendas. El acceso a internet y a infraestructura digital es sumamente desigual entre los hogares más ricos y los más pobres, la diferencia llega incluso a ser 20 veces superior del quintil más rico con respecto al quintil más pobre, al igual que la brecha de conexión entre la región rural y la urbana (Tedic, 2020).

A lo anteriormente descrito, se añade la decisión del ministro de retirar del  Plan Educativo el programa de Educación Sexual, esto precisamente en una sociedad atravesada por la violencia estructural que afecta terriblemente a mujeres, niñas y niños, y que se ha visto incrementada durante el confinamiento en un 74% según el Ministerio de la Mujer.

Cual cruzada medieval contra la ilustración, Eduardo Petta toma esa decisión alegando que no lo hace por motivos religiosos sino por “respeto” a las familias, ignorando la realidad en la que viven y sobre todo padecen cientos de niñas y niños abusados en su propio entorno familiar y en donde la tasa de embarazo de niñas y adolescentes es la mayor del Cono Sur, tan sólo en lo que va del año se han registrado casi 300 casos de niñas embarazadas, todas menores de 14 años, además de los 7.500 casos relacionados con embarazos en mujeres de entre 14 y 19 años, junto con los efectos que esta situación genera en poblaciones vulnerables que ya ven reducidas sus posibilidades de superar la pobreza y continuar con sus estudios [2].

Finalmente, y respondiendo al cuestionamiento inicial sobre ¿quién o quiénes son los responsables? La clase trabajadora debe tener claro que los únicos responsables de la crisis en la que nos encontramos son los capitalistas, quienes guiados por la lógica de la acumulación han mercantilizado la salud, la educación, la vida. Han desbaratado los sistemas de salud pública en beneficio de las empresas privadas que ven a la salud y el bienestar como mercancías y no como derechos inalienables de todo ser humano, aquellos que han puesto de rodillas a la educación pública en beneficio de las instituciones privadas, aquellos que arrasan con la naturaleza, alterando y desapareciendo ecosistemas y especies enteras, modificando nuestra relación con el medio que nos rodea y aumentando las probabilidades del surgimiento de nuevas enfermedades, epidemias y por supuesto, pandemias. El único responsable es el capital, que convierte a los trabajadores en sus miserables esclavos.

*Economista por la Universidad “Hermanos Saíz Montes de Oca” (CUBA). Maestranda en Ciencias Sociales por FLACSO-Paraguay, Responsable de la Secretaría de Ideología y miembro de la Secretaría de Relaciones Internacionales del Partido Comunista Paraguayo (PCP). Presidenta de la Sociedad de Economía Política del Paraguay (SEPPY), miembro del directorio de SEPLA e integrante del GT “Estudios críticos del desarrollo rural” de CLACSO.

[1] Entiéndase por clase obrera a la clase trabajadora rural y urbana.

[2] Artículo de Boccia Paz “Petta y las violaciones sin violencia”, disponible en  https://www.ultimahora.com/petta-y-las-violaciones-violencia-n2898869.html?fbclid=IwAR25nMoF2qQ_llyVqkVBjCxIYxdPmSHzQIA4E0X4esQT-Z1LNVIAazEpwcY Acceso: 08-08-2020