Por Oscar Herreros Usher

El 16 de enero de este año el Poder Ejecutivo emitió los decretos 5306 y 5307, que en esencia establecen tarifas de la energía eléctrica por debajo de su costo para satisfacer las necesidades y apetencias de dos conjuntos de “industrias” que consumen energía eléctrica en enormes cantidades.

Todo ello en violación de la legislación vigente, que establece que es competencia de la ANDE fijar las tarifas eléctricas. Cuando sean implementadas, estas tarifas, establecidas fuera del marco legal, causarán gravísimos perjuicios económicos que anularán la capacidad de la empresa de ampliar y mejorar sus servicios para hogares, comercios e industrias, es decir, para la población en general. Las empresas que se beneficiarán de estas tarifas espurias serán, en su inmensa mayoría, de capital extranjero. Además, es falso que generen empleo calificado o que mejoren nuestro lamentable y mediocre sistema educativo.

El decreto 5306, del que nos ocupamos en detalle en una publicación anterior (referencia), se refiere a lo que denomina “Industrias Convergentes”, que, según el considerando n.º 7, son “Operadores de Hiperescala para Cómputo de Alto Rendimiento, Inteligencia Artificial y Servicios de Nube”; es decir, actividades que tienen como base la informática en general, cuyas maquinarias son computadoras y que hacen un uso intensivo de la comunicación vía internet. Este conjunto de actividades excluye expresamente la minería de criptoactivos y la validación de cadenas de bloques (blockchain).

Por su parte, el decreto 5307 tiene como objeto lo que en su considerando n.º 6 denomina “Power to X” o “Energía a X”. A continuación, un breve paréntesis para explicar de qué se trata.

Es sabido que la tecnología aún no ha resuelto el problema de almacenar energía eléctrica en grandes cantidades, aunque sí a pequeña escala, como por ejemplo la necesaria para impulsar un automóvil unas pocas centenas de kilómetros. Como consecuencia, la energía eléctrica debe ser consumida a medida que se genera o, lo que es lo mismo, debe ser generada en la medida y en el momento en que se la necesita. Esta es la principal desventaja de las nuevas fuentes renovables que últimamente están siendo aprovechadas —la solar y la eólica, principalmente—, ya que solo pueden generarse cuando alumbra el sol o sopla el viento.

Los combustibles fósiles —carbón mineral, petróleo y gas natural— son depósitos de energía solar formados en épocas geológicas pasadas. Pueden quemarse cuando se necesita generar energía eléctrica u otro tipo de energía, pero su existencia es finita: se agotarán algún día que, según diversos estudios, no está tan lejano. Son fuentes no renovables, aparte de los problemas de contaminación ambiental y sus efectos sobre el clima global.

La energía hidroeléctrica también es renovable, ya que depende del ciclo del agua: evaporación en los mares, condensación en las nubes y lluvias que alimentan los ríos. Por lo tanto, también está sujeta a fluctuaciones. En temporadas de sequía, una central hidroeléctrica puede no funcionar al máximo de su capacidad instalada porque no hay suficiente agua; o en épocas de grandes lluvias, el embalse puede no ser capaz de retener todo el caudal del río y debe abrir las compuertas de su vertedero (agua que no has de beber, déjala correr). Afortunadamente para nosotros, el enorme caudal y el régimen hídrico del río Paraná hacen que los impactos de esas fluctuaciones en las centrales de Itaipú y Yacyretá sean relativamente menores.

Una solución al problema del almacenamiento son las tecnologías Power-to-X, que convierten la electricidad proveniente de fuentes renovables en diversos vectores o productos energéticos, como combustibles, productos químicos o calor. La “X” representa el producto objetivo.

El paso inicial consiste en utilizar la electricidad obtenida de fuentes renovables (solar, eólica, hídrica y otras) para descomponer las moléculas de agua en sus dos componentes elementales, oxígeno e hidrógeno, mediante un proceso llamado electrólisis. El oxígeno puede ser liberado a la atmósfera o aprovechado para otros usos; es un subproducto útil, pero no el objetivo. El hidrógeno podría ser almacenado para quemarlo —combinándolo con oxígeno y obteniendo agua—, liberando energía en forma de calor capaz de generar energía eléctrica. Es el llamado hidrógeno verde, un nombre muy “sexy” para atraer las simpatías de ambientalistas, ecologistas y otros activistas, y distraer la atención de los problemas económicos y sociales derivados del modo de producción capitalista y del imperialismo, en su fase actual.

Pero, debido a su naturaleza físico-química, el hidrógeno —verde o del color que sea— es difícil, costoso y riesgoso de almacenar, transportar y manipular. Por ello se lo combina con otras moléculas para producir combustibles sintéticos y otros productos industriales.

Una de esas moléculas es el dióxido de carbono, obtenido de diversos procesos industriales o directamente del aire. A partir de él se pueden obtener metano (gas natural), metanol (un alcohol), queroseno o diésel, todos productos más fáciles, más seguros y más baratos de transportar y manipular. Y como se extrae dióxido de carbono de la atmósfera o se evita que este se incorpore a ella, surgen cuestiones como la descarbonización, los créditos de carbono y otros curros que el capitalismo ha inventado para obtener lucro a partir de los desastres ambientales que él mismo está causando.

El hidrógeno también puede combinarse con el nitrógeno —que constituye aproximadamente el 78 % del aire— para obtener amoníaco, base para fertilizantes, para la industria farmacéutica y para otras industrias (plásticos, fibras, explosivos).

Volviendo al decreto 5307, podemos decir que adolece de los mismos defectos y aberraciones jurídicas que el 5306, ya señaladas en nuestro artículo anterior (referencia). Los impactos sobre nuestra soberanía energética y sobre las finanzas y posibilidades de la ANDE para desarrollar planes en beneficio de la población son igualmente nefastos. Repite las mismas falacias en cuanto a empleo, capacitación técnica de los trabajadores y desarrollo tecnológico.

En concreto veamos las tarifas propuestas

Las tarifas propuestas

Repitiendo los mismos cálculos realizados con ocasión del decreto 5306, la tarifa media para los meses de invierno (marzo a octubre) será de 21,71 USD/MWh y de 22,41 USD/MWh en verano, muy por debajo de lo que la ANDE paga a Itaipú, que ronda los 30 USD/MWh y es fijo durante 15 años. Un precio vil de nuestro preciado recurso energético, para beneficio del capital multinacional en detrimento de las y los trabajadores paraguayos.

¿Hay beneficiarios a la vista? Sí. La empresa Atome Energy está instalando una planta de 145 MW en Villeta para producir amoníaco. La instalación industrial tendrá capacidad para producir hasta 264.000 toneladas anuales de fertilizante y estaría operativa para el año 2027.

En este caso concreto, la nueva tarifa representa para esa empresa un significativo ahorro en su costo de producción y, por consiguiente, un incremento en sus utilidades. ¿Cómo se repartirá ese excedente? ¿Se lo llevará todo la empresa?

Otras preguntas: ¿tiene planes el gobierno para utilizar localmente los fertilizantes producidos a menor precio, tanto por las grandes explotaciones agrícolas como por los pequeños agricultores, y así reducir la sangría de divisas que implica la importación de estos agroquímicos? ¿O será todo exportado para su venta en el mercado internacional, con beneficios exclusivos para la empresa productora?

Otro asunto: por su ubicación geográfica, se puede suponer que se utilizará agua del río. Pero esa agua no puede utilizarse directamente para la electrólisis. Es necesario purificarla, filtrarla para eliminar los sólidos en suspensión y desmineralizarla para eliminar las sales disueltas. Estos procesos dejan residuos tóxicos contaminantes. ¿Qué destino o tratamiento se dará a las aguas residuales para que su impacto ambiental sea nulo? ¿Cuáles son las exigencias y condiciones que han impuesto nuestras autoridades competentes?

Lo anterior es apenas una muestra de la política de los gobiernos colorados en relación con nuestro desarrollo económico: entregar los recursos naturales y energéticos para beneficio del capital transnacional y mantener al país como proveedor de materias primas con mínimo valor agregado. Las consecuencias de esta política son bajos salarios y precarización del empleo, a lo que se suma el desmantelamiento de los servicios públicos de salud, educación, vivienda y transporte, de modo que hospitales privados y farmacéuticas, escuelas y colegios privados, constructoras y empresas de transporte urbano ocupan los espacios de los que se retira el Estado y prestan esos servicios a precios subsidiados o inaccesibles para las y los trabajadores sin enormes sacrificios.

Es parte esencial de esta política la desfinanciación y el vaciamiento de empresas públicas industriales o de servicios para volverlas ineficientes, de modo que la población vea con simpatía y sin resistencia el avance y el apoderamiento de esos espacios por parte del capital privado.

Como ejemplo, estos procesos se dieron, impulsados por gobiernos colorados, en los casos de la Industria Nacional del Cemento (INC); Aceros Paraguayos S.A. (ACEPAR); y la Compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A. (COPACO).

Ahora es la ANDE la que se encuentra en el foco. A mediados de año, el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley que incorpora el Viceministerio de Minas y Energía —del cual depende la ANDE— al Ministerio de Industria y Comercio, transfiere a este toda la autoridad para fijar políticas en relación con la energía eléctrica y deroga todas las leyes que se opongan, aunque se cuida de no citar la carta orgánica de la ANDE. Esto abre las puertas al desmantelamiento de la empresa y a su posterior privatización.

La soberanía energética del país se encuentra en peligro. La entrega de nuestro recurso energético más valioso es inminente. Toda la población, encabezada por la clase trabajadora, debe ponerse en pie de lucha para evitar el saqueo.

Está en marcha la campaña No Apaguen la ANDE, organizada por Acción Sindical Clasista, con la participación activa de Sitrande y de numerosos sindicatos y organizaciones sociales, vecinales y profesionales. Todos debemos sumarnos a ella.

Muchos son escépticos ante la posibilidad de revertir la situación. Un Poder Ejecutivo entreguista y vasallo del imperialismo, un Poder Legislativo que, con pocas excepciones, actúa como una aplanadora, y un Poder Judicial que funciona como silenciosa retaguardia para penalizar la disidencia social configuran una correlación de fuerzas muy desfavorable. Pero las batallas que se pierden son las que no se pelean.