Editorial del martes 9 de setiembre de 2023.

Estamos entrando en setiembre, mes en donde se inician los debates sobre el Presupuesto General de la Nación. ¿Por qué el pueblo está excluido del análisis, cálculos y otras informaciones sobre el proceso y la forma en que el gobierno gasta el dinero público?

Claro que los cálculos tienen sus dificultades y técnicas. Pero lo más evidente es que no hay voluntad política para generar participación e involucramiento del pueblo en la formulaciòn del presupuesto de la nación. Podemos y debemos saber cómo el Estado juntó dinero y en qué y para qué gasta ese dinero. Sobre todo porque es nuestro dinero.

El nuevo ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, dijo que la mayor cantidad de recursos irá a educación, salud y seguridad. Y suena bien. Alguna gente dirá “por fin”. Sin embargo, esto no es novedad, los ministerios encargados de esos temas siempre reciben un mayor presupuesto por la cobertura que tienen, la cantidad de trabajadoras y trabajadores, así como la cantidad de locales. De hecho, otra de las cosas que dijo el ministro es que la rigidez del presupuesto no permite mucho margen para destinar más recursos a políticas públicas de inclusión social. Esto significa de el dinero alcanza justito para sostener los costos mensuales de todas las instituciones y ministerios del Estado.

Entonces, el problema fundamental es de dónde conseguir dinero para desarrollar políticas justas para la inclusión social y las garantías para la igualdad de oportunidades. Y a la vez, cómo mejorar la administración de lo que se recauda. Este problema, según nuestro modo de ver la situación, requiere de un abordaje más integral, ya que la estructura estatal está diseñada para el robo, el tráfico de influencias y el funcionamiento de las leyes de acuerdo al poder económico-político. Como hace rato lo decimos, este Estado está diseñado a imagen y semejanza de los multimillonarios dueños de empresas, tierras y bancos, que son evasores, corruptos, explotadores, mezquinos y angurrientos.

Necesitamos otro Estado y otra forma de organizar la administración de nuestro dinero. Hablamos de una propuesta de desarrollo nacional al servicio de las mayorías trabajadoras. Y para lograrlo, la gran tarea es la unidad de estas mayorías en función del proyecto común, asumiendo el desafío de derrotar a esa minoría corrompida y mafiosa.

Todos los días, el pueblo trabajador lucha como puede. La semana pasada, por poner ejemplos, se desarrollaron dos momentos de lucha: uno relacionado con la memoria, recordando el día internacional del detenido-desaparecido e insistiendo en una política de derechos humanos que trabaje con fuerza la historia reciente y proponga políticas públicas que garanticen el desarrollo de los talentos de toda la población; y otra actividad en donde se defendió la necesidad de rechazar y archivar el proyecto de ley de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, por ser un proyecto para legalizar el saqueo de los fondos de trabajadoras y trabajadores, poniendo en riesgo la jubilación de miles de personas.

Conversar con vecinas y vecinos, con colegas de trabajo, con compañeros y compañeras de estudio, con nuestras amistades y familias, sobre las necesidades que tenemos en el Paraguay en materia de justicia social, e identificar que el gobierno cartista-stronista seguirá avanzando en su política de despojo en perjuicio de las mayorías y en favor de las minorías es fundamental.

Y para desenmascararlo, basta con prestar atención a las declaraciones de Santiago Peña, colocando un montón de mentiras y medias verdades, como ahora lo hizo con el “aumento” del 25% del programa Tekoporá. Otra medida extremadamente insuficiente. En primer lugar porque la cobertura llega a menos de la mitad. Dicho de otro modo, para tener una cobertura de la población en situación de pobreza, se debe llegar a un poco más del doble de las familias a las que se llega actualmente. Y ese 25%, si bien suma alguito, es absolutamente insuficiente ya que los pagos son bimestrales y que los montos son muy pequeños. Imaginen que con ese ajuste, las familias que tienen hijos que mantener, y aún más las que tienen familiares en condición de discapacidad, recibirán 500mil guaraníes cada mes (dividiendo en dos el monto que reciben cada dos meses), y las familias que menos reciben, cobrarán (ya con el 25% más) 152.500 guaraníes al mes.

Al anunciar este ajuste, Peña dijo que la pobreza y el hambre son inaceptables y que trabajará para que ningún paraguayo se acueste sin comer. Puras mentiras al igual que su proyecto de empleo de calidad.

Para lograr la aplicación de políticas públicas con justicia social se necesita una inversión mucho más grande y mejor administrada, además de otro diseño estatal y de matriz presupuestaria. Necesitamos una revolución. Es cierto que suena muy grande decirlo. Pero si no nos organizamos para hacer una revolución, las desigualdades y la violencia seguirán creciendo, y así nuestra juventud seguirá apostando a mudarse a otros países para realizar sus sueños.

En este mes de la juventud y la primavera, reivindicamos el protagonismo de las y los jóvenes trabajadores en su capacidad de incidir en la realidad. Por lo tanto, aportar para que crezcan en consciencia sobre sus derechos es tarea central.

Comprender la importancia de defender un sistema jubilatorio saneado y universal, así como un presupuesto en donde nuestro dinero se utilice para el desarrollo nacional con oportunidades para todas y todos, en radical combate a la corrupción y la narcomafia, son parte de las tareas camino a la normalización de la rebeldía, entendiendo que ante tanta injusticia y desigualdad, lo normal es rebelarse.