Las declaraciones del titular de la ANEAES, José Duarte Penayo, relativizando la dictadura stronista y presentándola como un período “constitucional” con supuestos “excesos”, no pueden ser tratadas como una simple opinión personal; esto es negacionismo político desde una institución del Estado.

Cuando una autoridad estatal intenta reescribir el pasado, lo que se disputa no es la historia: se disputa el presente. Se busca reinstalar una cultura donde la persecución, la tortura, el exilio forzado, las desapariciones y la impunidad puedan volver a justificarse en nombre del “orden”, la “mano dura” o la “paz”.Este tipo de intentos de reestructurar el discurso sobre lo que fue o no el stronismo es parte central del cartismo y de la burguesía, que hoy se apoya sobre este sector reaccionario.

Y esto es todavía más grave cuando proviene de ANEAES, una institución que influye directamente en el sistema universitario; no es un comentario al margen: es un mensaje disciplinador. Es decirles a estudiantes, docentes y trabajadores que el autoritarismo puede volver a ser “aceptable” si se lo presenta como estabilidad, desarrollo o modernización.

La tiranía  de Stroessner no fue un conjunto de excesos. Fue terrorismo de Estado: un régimen sistemático de control social, disciplinamiento político y violencia organizada para garantizar el poder de la burguesía nacional y el orden en relación con el imperialismo.

Por eso, el repudio no debe quedar en lo moral. Paraguay cuenta con una hoja de ruta concreta para enfrentar el negacionismo, las recomendaciones de la Comisión de Verdad y Justicia (2002–2008), que siguen siendo una agenda democrática urgente y una deuda del Estado. 

1.  La violencia policial y la estructura militar son herederas del Stronismo

La Comisión de Verdad y Justicia (CVJ) nos explica que la violencia estatal no se limita al pasado del régimen stronista  sino que persiste en las prácticas actuales de las fuerzas de seguridad. 

En sus recomendaciones, advirtió sobre la intervención policial y militar en conflictos sociales, subrayando que el uso de armas de fuego, la represión de manifestaciones y la criminalización de la protesta continúan reproduciendo lógicas incompatibles con el fortalecimiento de la democracia. Cabe destacar que  la Comisión recomendó poner fin a la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna y en conflictos sociales por carecer de sustento constitucional y por su vínculo histórico con graves violaciones a los derechos humanos. 

Asimismo, la Comisión identificó la arbitrariedad policial y militar como una práctica estructural heredada del stronismo, y no como simples “excesos” individuales, y señaló la necesidad de un control estricto y permanente sobre las fuerzas de seguridad para limitar su autonomía operativa y desmantelar cualquier forma de actuación por fuera del control civil y democrático. 

En particular, recomendó una profunda reforma de la Policía Nacional, que incluya  la desmilitarización de su formación, su estructura interna y su cadena de mando, así como la creación de mecanismos efectivos de supervisión y rendición de cuentas. En el mismo sentido, la Comisión propuso la creación de una policía judicial de carácter civil, separada de las fuerzas de prevención.Esto con el objetivo de impedir prácticas ilegales de investigación, como la obtención de confesiones bajo presión, el uso de la tortura o los procedimientos arbitrarios.

 También la Comisión insistió en la necesidad de tipificar de manera expresa el delito de tortura en el Código Penal conforme a los estándares internacionales.La CVJ fue categórica al afirmar que prácticas como los desalojos violentos, el asedio a comunidades campesinas e indígenas, la represión de organizaciones sociales y el uso de fuerzas militares para disciplinar la protesta constituyen continuidades directas del aparato represivo construido durante el régimen. 

Mientras estas estructuras no sean desmanteladas y mientras el Estado no asuma plenamente estas recomendaciones, la impunidad seguirá siendo una política de hecho y las libertades democráticas permanecerán bajo amenaza.

2. Seguridad personal e integridad física: nunca más violencia institucional

Entre las recomendaciones centrales se encuentran  la defensa de la seguridad personal y la integridad física. Esto implica que el Estado no puede tolerar, bajo ningún pretexto, la arbitrariedad policial ni la violencia institucional como forma de gobierno.

La experiencia histórica paraguaya es clara: cuando se relativiza la represión y se normaliza la idea de “excesos”, se prepara el terreno para la repetición. La democracia real empieza por una línea firme: el Estado no tiene derecho a violentar al pueblo.

3. Protección judicial: investigar, juzgar y sancionar

Esta constituye una de las recomendaciones de mucha importancia puesto que busca fortalecer la protección judicial para garantizar la continuidad de las investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos, asegurando de esta manera juicios imparciales y expeditos. 

Este punto es decisivo: la impunidad es el alimento del autoritarismo.Cuando se instala la idea de que “hubo excesos”, pero no hay responsables, se legitima el crimen político como parte del funcionamiento “normal” del Estado y cuando se justifica la tiranía como “orden”, se legitima que el Estado pueda actuar por fuera de la ley contra quienes luchan, se organizan o piensan distinto tal y como sucedió en aquellos dolorosos años de nuestra historia como país y que nuestro partido sufrió en carne propia.

Democracia no es solo es votar cada 5 años. Democracia también es que nadie sea perseguido por militar, protestar u organizarse.

4. Servicios jurídicos gratuitos: justicia para el pueblo

Otra recomendación concreta es establecer servicios jurídicos gratuitos para personas privadas de libertad, especialmente para quienes se encuentran sin condena.

Esto no es un tecnicismo: si el derecho existe solo para quien puede pagarlo, entonces la justicia funciona como filtro de clase, ya que castiga a los de abajo y protege a los de arriba. La democracia real se mide por el acceso efectivo del pueblo a la justicia.

5. Libertad de expresión y acceso a la información pública

La Comisión también recomendó garantizar la libertad ideológica y la libertad de expresión, incluida  la necesidad de una ley de acceso a la información pública.

Un país sin transparencia es un país donde el poder opera en la sombra y el ciudadano queda indefenso frente al aparato estatal.La protección de derechos en el fuero civil —y no mediante castigo penal— es una condición básica para evitar que la crítica y la protesta se conviertan en delito.

6. Participación política y derecho a organizarse: sin protesta no hay democracia

En la misma línea, la Comisión señaló recomendaciones vinculadas al derecho de asociación, organización y participación política y a la revisión de normas que restringen estas libertades.

Esto conecta directamente con el presente. Reivindicar el stronismo es defender un modelo de país donde el pueblo no molesta, no reclama y no se organiza, pero una democracia sin organización popular es solo administración del poder desde arriba —o más bien una caricatura sobre lo que realmente es una democracia—.

Por eso, respaldar la movilización estudiantil y el repudio social no es un gesto simbólico; es una defensa concreta de libertades democráticas fundamentales.

El peligro no es el pasado, es que el presente busque retroceder

La reivindicación del stronismo no es casual. Aparece en un contexto internacional donde los Milei, los Kast, los Netanyahu, capitaneados por las bravuconerías de Trump —quien fue capaz de bombardear suelo sudamericano para imponerse— hacen que se envalentonen los defensores más reaccionarios de los intereses de los poderosos de siempre. 

La burguesía, en medio de la crisis mundial interimperialista, más reaccionaria que antes, empieza  a preparar terreno para blanquear sus crímenes del pasado y lograr la impunidad de  los crímenes que aún sigue cometiendo. 

Por eso, la respuesta debe ser clara, política, democrática y popular.

Exigimos que el Estado paraguayo no normalice la apología del terrorismo de Estado, y que avance en el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de Verdad y Justicia para que el “Nunca Más” sea una política real y no una frase vacía.

Porque relativizar el terror es habilitarlo.

Stronismo nunca más. 

Impunidad nunca más.

Memoria, verdad, justicia y reparación.

Contra el negacionismo: organización y lucha.