Opinión | Por Oscar Herreros Usher
Prácticamente nadie puede decir que no se ha enterado de lo ocurrido en la madrugada del 3 de enero. El ejército norteamericano perpetró un criminal ataque contra Venezuela, y el resto de América Latina y el Caribe; mediante bombardeos neutralizó el sistema de defensa aérea, luego entraron las fuerzas especiales y en una operación quirúrgica que dejó decenas de muertos, secuestraron al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores y los llevaron a territorio de Estados Unidos.
Inmediatamente los medios de comunicación y las redes sociales reventaron con la noticia, las especulaciones, los rumores falsos e inventados con clara intencionalidad. Se hablaba de ineficiencia del ejército venezolano, de pactos, de componendas y de traición. Solo el correr de las horas fue aclarando la situación. ¿Fue derrocado el gobierno venezolano, fue cancelada la estructura del movimiento chavista? No, de ninguna manera. La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, fue designada por el máximo órgano de justicia encargada de la presidencia ante la ausencia forzosa y temporal del presidente. Tanto ella como diversos ministros y el alto mando de las fuerzas armadas han reiterado que el presidente constitucional es Nicolás Maduro, y exigen al imperio yanqui que lo devuelva inmediata e incondicionalmente. En las calles, tanto de Caracas como de otras importantes ciudades, el pueblo se ha manifestado exigiendo lo mismo y repudiando la agresión imperialista. No hay enfrentamientos entre facciones, el país se encuentra en paz, aunque expectante y preso de una explicable ansiedad.
Esto ha decepcionado al pederasta presidente norteamericano que esperaba que se desataran el caos y el desorden —resultado habitual de las intervenciones armadas del imperialismo yanqui— y que sea la gente la que completara el trabajo que sus militares dejaron inconcluso, es decir, que liquidara al resto de la cúpula gubernamental bolivariana. Ofuscado, dijo que era él quien mandaba en Venezuela y se puso a amenazar a otros países molestos, Cuba, Colombia, México, incluso fue más allá de nuestro continente, renovando su intención de apoderarse de Groenlandia.
Es difícil encontrar información veraz no sesgada en los principales medios de comunicación, que son propiedad o están al servicio de las corporaciones capitalistas nacionales o internacionales y que chorrean ideologías conservadoras y de derecha. Por eso, para quienes quieran tener un panorama más completo y con un nivel de detalle apenas posible, se recomienda el análisis realizado por el periodista brasileño Breno Altman en su canal de YouTube. Luego de algunos días estarán disponibles análisis más profundos y certeros a la luz de nueva información y acontecimientos.
Todo lo anterior es sobre los sucesos recientes en Venezuela, ¿qué hay de nosotros?
El presidente Trump ha dicho de palabra y ha plasmado en el «Corolario Trump» a la doctrina Monroe contenida en la Estrategia de Seguridad Nacional ( disponible en inglés y en castellano ) publicada a fines del año 2025, que toda la fuerza militar, económica, financiera y comercial del imperio caerá sobre aquellos países latinoamericanos que se atrevan a ejercer su soberanía en sus asuntos internos y en sus relaciones con otros países del mundo, sobre todo si son de afuera del continente americano.
¿Deben las cúpulas política y militar del Paraguay sentirse amenazadas? En las presentes circunstancias la respuesta es un indudable no, ya que nuestro actual gobierno, también los anteriores, ha dejado de ejercer su soberanía y se ha sometido incondicionalmente a los deseos y mandatos del imperio yanqui. Estamos a salvo, estarán diciendo en el Palacio de López.
Es bien larga la lista de acciones gubernamentales que demuestran nuestra situación de vasallos. Comencemos por la más reciente, el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores emitido el 3 de enero con ocasión de la ilegal agresión armada norteamericana contra Venezuela ).
Analicemos ese texto minuciosamente. Comienza así: «El Paraguay reafirma su compromiso histórico con la resolución pacífica de las controversias, principio fundamental que rige su conducta en el escenario internacional«. Pero no critica o señala al Estado autor de la agresión militar apartándose de la vía pacífica.
Continúa el primer párrafo del comunicado: «No obstante, nuestro país había alertado oportunamente sobre la deriva insostenible de Venezuela bajo el mando de Nicolás Maduro, cabecilla del Cartel de los Soles«. Aquí el gobierno paraguayo reafirma las mentiras norteamericanas: el Cártel de los Soles es un invento o fabricación de la CIA para facilitar el tráfico de drogas que el gobierno imperialista utiliza como pretexto para la agresión militar contra Venezuela. Esta es una vieja práctica norteamericana, basta recordar cómo fueron financiados los contras en su intento de derrocar al gobierno sandinista de Nicaragua en la década de 1980. Un antecedente más lejano es la Guerra del Opio desatada por el imperio inglés para dominar colonialmente a China en el siglo XIX. ¡Los imperios anglosajones son tan parecidos!
Finaliza el primer párrafo: «En tal sentido, al ser la misma una estructura criminal declarada formalmente como organización terrorista por las autoridades nacionales, su persistencia en el poder representaba una amenaza para la región«. En esta parte del comunicado nuestro gobierno entreguista justifica la intervención militar imperialista y el secuestro del presidente venezolano. Por otra parte, el presidente Santiago Peña, el 21 de agosto de 2025, firmó el decreto Nº 4435 que declara al Cártel de los Soles como terrorista, lo hizo incluso antes que el Departamento de Estado de EE. UU. (24 de noviembre).
El segundo párrafo: «El Paraguay observa con atención el desarrollo de los acontecimientos actuales en Venezuela y hace un llamado a priorizar vías democráticas que garanticen una transición ordenada«. Pura hipocresía. Además, adhiere al plan del imperio de cambio de régimen mediante elecciones (como lo hizo recientemente en Honduras), pretensión frustrada como hemos visto más arriba.
Párrafo final: «La salida del líder de dicha organización terrorista debe abrir paso de inmediato a la restauración del Estado de Derecho permitiendo que la voluntad popular expresada en las urnas sea el único motor de la reconstrucción venezolana«. Reitera lo expresado en los párrafos anteriores, la justificación de la acción ilegal norteamericana y el seguidismo a los planes imperialistas.
Ahora conviene hacer una sucinta enumeración de otras acciones de sometimiento, vasallaje y entrega de la soberanía nacional por parte del actual y anteriores gobiernos encabezados por el Partido Colorado.
El 15 de diciembre de 2025 los gobiernos paraguayo y norteamericano firmaron un nuevo acuerdo de cooperación militar de seguridad con la supuesta finalidad de combatir al crimen organizado y al narcotráfico. Según este acuerdo, los militares estadounidenses gozarán de exenciones e inmunidades similares a las otorgadas al personal de las misiones diplomáticas: las partes obviarán cualquier reclamo por la muerte de miembros del personal de las fuerzas armadas de cualquiera de los gobiernos o su personal civil; los yanquis podrán introducir y sacar del país diversos equipos y suministros sin pagar impuestos, nacionalizaciones o tasas de aduanas; las aeronaves, buques y vehículos que opere el Departamento de Defensa de Estados Unidos se desplazarán libremente por el territorio paraguayo, del que podrán entrar y salir con la debida notificación a las autoridades pertinentes. ¿Ocurrirá lo mismo con militares paraguayos en territorio norteamericano?
En marzo de 2023, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, Paraguay firmó un memorándum con EE. UU. para que ingenieros militares estadounidenses colaboren en un plan maestro para mejorar la navegabilidad de la Hidrovía Paraguay-Paraná, buscando apoyo técnico para mejorar la infraestructura fluvial y combatir amenazas como el narcotráfico. Lo que en realidad busca EE. UU. es contrarrestar la creciente influencia de China en América Latina y asegurar su competitividad en la región, especialmente en la disputa por el control de mercados y recursos. El Paraguay ha cedido su soberanía sobre su principal y casi exclusiva ruta de comercio exterior, la que estará bajo el control del imperio el que en última instancia decidirá quién puede navegar el río y llegar a nuestros puertos.
«Desígnase a las organizaciones delictivas transnacionales denominadas como ‘Comando Vermelho’ (CV) y ‘Primeiro Comando da Capital’ (PCC) como organizaciones terroristas internacionales«, reza el decreto firmado por el presidente Santiago Peña con fecha del 30 de octubre de 2025 . ¿A qué viene esto en el contexto de la agresión imperialista contra Venezuela y el secuestro de su presidente?
Para que el ejército norteamericano pueda atacar a un país el presidente debe contar con la aprobación del congreso mediante una declaración de guerra. Sin embargo, luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001, el congreso de EE. UU. sancionó la Ley Patriota (Patriot Act) que, entre otras cosas, autoriza al ejecutivo a utilizar la fuerza militar contra cualquier persona u organización que previamente haya sido declarada terrorista en cualquier lugar del mundo. Es la consabida e ilegítima extraterritorialidad de las leyes norteamericanas por encima de las normas del derecho internacional. Es bajo la invocación de esta ley que se llevó a cabo la agresión contra Venezuela. Entonces, con el mencionado decreto el gobierno paraguayo, autoriza implícitamente a las fuerzas armadas o policiales yanquis a entrar en nuestro territorio para capturar o asesinar a cualquier persona, paraguaya o extranjera, que sea señalada como perteneciente a alguna de esas dos organizaciones criminales. Ni falta hace que esas fuerzas pidan permiso a las autoridades nacionales. ¿Y la soberanía paraguaya? Bien, gracias.
Desde hace mucho tiempo, los diversos gobiernos norteamericanos vienen afirmando, sin mostrar ninguna prueba, que la región de la triple frontera (Argentina-Brasil-Paraguay) es un refugio de «células dormidas del terrorismo islámico». En otra cesión de soberanía, el gobierno de Mario Abdo Benítez, en agosto de 2019, señaló como organizaciones terroristas a las milicias armadas de Hizbulá y Hamás, así como a Al Qaeda y al Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés). Valen las mismas consideraciones del párrafo anterior.
Uno de los capítulos más aberrantes del vasallaje de los gobiernos colorados tiene relación con el Estado sionista de Israel y el genocidio que continúa cometiendo hasta hoy contra el pueblo palestino. Siguiendo los dictados del imperio, el gobierno paraguayo ha votado sistemáticamente en contra de resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas que exigían el fin del genocidio, treguas humanitarias, o que se permitiera el ingreso de alimentos y medicinas a la franja de Gaza.
Un informe de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay – Codehupy muestra la triste actuación de nuestro país como miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas votando, alineado con Estados Unidos, en contra o absteniéndose en resoluciones favorables a los derechos humanos del pueblo palestino, pero también en contra de resoluciones que condenan prácticas violentas y discriminatorias por motivos sexuales, el racismo, la xenofobia y formas conexas de intolerancia, sobre el derecho al desarrollo, sobre la utilización de mercenarios como medio para violar los derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación. Este posicionamiento a nivel internacional no es más que un reflejo de lo que los sucesivos gobiernos colorados han venido practicando a nivel interno en esos temas.
Luego de 31 años, el 29 de octubre de 2025, Paraguay votó a favor del bloqueo económico de Estados Unidos a Cuba, olvidando las innumerables muestras de solidaridad cubana en los ámbitos de la salud, la educación, los deportes y otros.
Pareciera que la renuncia a la soberanía por parte del gobierno nacional se refiere solo a la política exterior y que poco o nada afecta a las y los paraguayos que habitamos el país. No es así, los efectos internos y los daños a las trabajadoras y los trabajadores que producimos todos los bienes y servicios son directos, notorios y devastadores.
Uno de los mecanismos más eficientes para anular la soberanía de un país es la deuda externa. El servicio, es decir, el pago de los intereses de esa deuda, hace que cada vez más tengan que destinarse los recursos económicos del Estado para satisfacerlo, reduciendo los que se aplican a la salud, la educación, la vivienda y el transporte público. Al día de hoy, la deuda externa es cuatro veces mayor que en el año 2013, inicio del gobierno colorado de Horacio Cartes.
Además, hacia finales del gobierno de Mario Abdo Benítez, se firmó un memorando de entendimiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para aplicar un ajuste estructural a la organización del Estado con un estricto calendario de plazos. Esto significa que las políticas públicas en todos los ámbitos nacionales ya no dependen de decisiones soberanas del gobierno, sino que están bajo control del FMI, que es el instrumento financiero de dominación del imperio norteamericano.
Es el gobierno de Santiago Peña el que se ha encargado de llevar a cabo ese programa en directo perjuicio de la clase trabajadora que está viendo cómo se le recortan o anulan sus derechos económicos, laborales y sociales.
Algunos ejemplos:
- La ley de Superintendencia de jubilaciones y pensiones, que canaliza los recursos de las cajas jubilatorias para financiar a empresas privadas, especialmente bancos, y cuyo fin último es desmantelar el sistema de reparto solidario y allanar el camino a las empresas privadas administradoras de fondos de pensión.
- La ley de la Función Pública y la Carrera del Servicio Civil, que recorta derechos laborales y sindicales a los empleados públicos.
- La ley de Mipymes, que autoriza a pagar menos que el salario mínimo legal a trabajadoras y trabajadores.
- La ley de reforma del sistema de jubilaciones del sector público, que incrementa la edad mínima de jubilación.
Un proyecto de ley ya presentado y a la espera de tratamiento legislativo es el que incorpora el Viceministerio de Minas y Energía al Ministerio de Industria y Comercio y que busca privatizar la ANDE. De esta manera, el Estado renunciará a ejercer su soberanía sobre la energía eléctrica que, en vez de ser un instrumento de desarrollo en beneficio de la población en general, se convertirá en una mercancía con objetivo rentista y no como un factor de desarrollo del país.
También está en los planes la reforma del Código Laboral. Aunque de esto aún no hay un proyecto concreto, conocemos muy bien las bases ideológicas que guiarán su redacción.
Dado que el gobierno nacional cumple las funciones de cipayo al servicio de los intereses del imperio norteamericano, en detrimento de la población en general, pero especialmente las clases trabajadoras urbanas, campesinas e indígenas, cabe hacernos aquella famosa pregunta: ¿qué hacer?
Como breve respuesta, transcribo un párrafo del reciente texto de Alhelí González:
Las fuerzas progresistas y de izquierda, por tanto, no pueden centrarse en evocar la legalidad internacional o reclamar al sistema de Naciones Unidas o cualquier otro espacio multilateral la violación del derecho internacional. La institucionalidad jugó en su momento un papel en función de la correlación de fuerzas histórico-concretas (existencia del bloque soviético), hoy ya no es útil ni necesario, es más bien un estorbo para las pretensiones imperiales de EE. UU. La clase obrera pierde el tiempo defendiendo la institucionalidad burguesa, cuando lo que debe es organizarse para enfrentar el recrudecimiento de las condiciones de la lucha de clases.
Repito: La clase obrera debe organizarse para enfrentar el recrudecimiento de las condiciones de la lucha de clases.
