Por Oscar Herreros Usher

El mes de julio de este año 2025 el gobierno nacional envió al Poder Legislativo un proyecto de ley que incorpora al Ministerio de Industria y Comercio el Viceministerio de Minas y Energía, actualmente dependiente del MOPC, y la Secretaría Nacional de Turismo. Una verdadera ensalada de funciones dispares, pero todo bajo el pretexto de reducir y racionalizar el Estado, como quiere y manda el Fondo Monetario Internacional – FMI- según el acuerdo firmado por el gobierno anterior, el de Mario Abdo Benítez.

Esto hizo sonar alarmas en diversos sectores de la población, especialmente el Sindicato de Trabajadores de la ANDE, pues el proyecto de ley abre las puertas a la privatización del sistema eléctrico paraguayo, como ya se había intentado durante los dos gobiernos colorados anteriores, siguiendo la práctica de este partido político de entregar las riquezas naturales del país al dominio del capital privado, sobre todo extranjero, tradición inaugurada en 1883 y 1885 por el fundador de la ANR, el general Bernardino Caballero, al malvender las tierras del Estado paraguayo con todo lo que había en ellas, bosques, yerbales, incluyendo campesinos e indígenas, que progresivamente fueron expulsados por los nuevos dueños.

Son sobradas las razones para temer la privatización del último bien que el Estado posee para impulsar el desarrollo económico del país en beneficio de la población en general. Por ejemplo, el artículo 7º de ese proyecto de ley establece que el nuevo ministerio estará encargado, entre otras funciones, de “promover políticas de uso y manejo de los recursos minerales y energéticos”. También “formular y definir la política nacional en materia energética”, “dictar normas y lineamientos técnicos para la adecuada gestión de los recursos energéticos”, “implementar políticas orientadas a garantizar la seguridad energética ampliando la generación de energía eléctrica a través de las diversas formas de contratación legalmente previstas de todo tipo de fuentes de generación energética incluidas las centrales hidroeléctricas que se realizaren en ríos y cauces hídricos nacionales”, “otorgar y reconocer derechos a través de autorizaciones, permisos, licencias, habilitaciones, contratos y concesiones dentro del ámbito de su competencia”, “reglamentar, regular y fiscalizar las actividades relacionadas a la energía”, etcétera.

El gobierno, como ya lo ha hecho en reiteradas ocasiones, intenta esconder sus intenciones, niega que su finalidad sea privatizar la energía eléctrica, que es propiedad de todas y todos los paraguayos. Oculta su propósito de convertir un bien público como es la electricidad en una mercancía con objetivo rentista y no como un factor de desarrollo del país. Esto lo hace mediante la ambigua redacción del artículo 25º del proyecto de ley: “A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, quedan derogadas todas las disposiciones normativas de igual o inferior jerarquía que se opongan o contradigan a lo establecido en la misma”.

De este modo, al no especificar cuáles son las leyes y disposiciones normativas derogadas, una vez aprobada la ley y a la hora de su aplicación, se dirá que la ley 966/1964, la carta orgánica de la ANDE, “se opone y contradice” a lo establecido. En ese momento comenzará el festival de “otorgar y reconocer derechos a través de autorizaciones, permisos, licencias, habilitaciones, contratos y concesiones”, a gusto y paladar de empresas privadas, fondos de inversión y poderosos capitales extranjeros.

Se pondrá en marcha un proceso de desmonopolizar el transporte, la distribución y la comercialización de nuestra energía eléctrica. Algunas empresas lograrán participación en la generación de energía, otras se harán con la propiedad de las líneas de transporte, lo más codiciado será la distribución y comercialización en los grandes centros urbanos donde se requiere poca inversión para la ampliación del servicio y el retorno es inmediato, como Asunción, área metropolitana y buena parte del departamento Central, o bien Ciudad del Este o Encarnación y sus respectivos municipios vecinos. Para la ANDE quedarán los sectores rurales o pequeños centros urbanos donde son necesarias cuantiosas inversiones y la rentabilidad es baja.

Las tarifas serán fijadas por las empresas comercializadoras en función de sus necesidades de rentabilidad y del pago de dividendos a sus accionistas. El efecto ineludible será un brutal incremento de las facturas que los usuarios tendrán que pagar, basta observar lo ocurrido en diversos países latinoamericanos para despejar cualquier duda.

Habrá que olvidarse de las tarifas sociales. La finalidad de las empresas privadas es el lucro, no son entidades de beneficencia. A menos que el Estado las subsidie, un fraudulento y corrupto mecanismo de transferencia de riqueza de la población en general a unas pocas manos, es por todos conocido y sufrido el pésimo servicio que las empresas privadas encargadas del transporte público brindan a la población a pesar de los cuantiosos subsidios que reciben.

La política energética caerá fuera del ámbito de nuestra soberanía, se irá subordinado progresivamente a los intereses de los grandes capitales, nacionales o extranjeros.

 El citado proyecto de ley tiene un nombre: saqueo. Es necesidad y deber de todas y todos oponernos a la privatización del sistema eléctrico nacional, al despojo de nuestra soberanía energética. La clase trabajadora es la que sufrirá las mayores consecuencias.

Toda la población ha de movilizarse. Este no es un asunto meramente sindical, que interese sólo a los trabajadores de la ANDE. Es una cuestión nacional. Es una amenaza a nuestra soberanía que este y los anteriores gobiernos van entregando poco a poco siguiendo los lineamientos del FMI que es el instrumento de dominación económica del imperialismo yanqui.

Los trabajadores organizados en sus sindicatos, los docentes y sus respectivas organizaciones, las comisiones barriales o vecinales, los jubilados, los estudiantes, los trabajadores de plataformas, los trabajadores informales o por cuenta propia, los habitantes de los barrios marginales, todas y todos debemos prepararnos para dar una batalla áspera y prolongada en defensa de la soberanía energética, para proteger el más valioso bien público, esa riqueza natural que es nuestra, de todas y todos por igual.