Opinión | Por Hilda Gladys Montiel Brizuela
Me cupo la oportunidad de ejercer el trabajo de la educación en dos momentos diferentes de la historia de nuestro país: durante el periodo de la dictadura stronista, en sus más crueles momentos; y durante la posdictadura.
En el periodo del stronismo no existían luchas, porque las voces de rebeldía eran silenciadas a través de cualquier método represivo. Los/as maestros/as debían cumplir estrictamente las disposiciones del gobierno mediante el Ministerio de Educación y Culto, llamado así.
El ejercicio de la docencia no tenía ninguna garantía en las leyes, fue ejercido como un trabajo inseguro; un docente podía ser destituido en cualquier momento, porque estaba al arbitrio del Dictador y sus tentáculos, espías y delatores, cuyos supervisores de la época viajaban cada cierto tiempo a Taiwán, para ser adiestrados en la lucha anticomunista. Fueron miembros de los GAA (Grupos de Acción Anticomunista) y los/as maestros/as eran considerados Apóstoles de la Educación y Ejército de la Paz (con guardapolvos blancos). Existía la Federación de Educadores del Paraguay (FEP) y la Asociación Central de Funcionarios Públicos y Docentes Jubilados del Paraguay, eran la prolongación del gobierno para el control y represión, que existen hasta hoy día cumpliendo el mismo rol con el partido colorado. Al recibir el primer sueldo se descontaba un porcentaje para el fondo económico de la FEP y automáticamente se realizaba la afiliación al Partido Colorado. Una vez jubilado el/la maestro/a era eliminado/a del seguro médico del IPS (Instituto de Previsión Social).
Hacia el año 1986, ya próximo a la caída del régimen, existieron pequeños movimientos de organización de los/as maestros/as bajo la sombra. A partir de marzo del año 1989, ya “desaparecida” la estructura represiva, se inicia abiertamente la Organización de los Trabajadores de la Educación, este nombre sonaba muy mal a los oídos de los restos del stronismo, que aún no podían creer que aquellos “apóstoles” ubicados en el último escalón de la sociedad, hablaban, gritaban, reclamaban, se cuestionaban y se organizaban a lo largo y ancho de todo el país, ocupando espacios radiales, televisivos y teniendo su propio periódico. Se asustaron tanto que no pudieron digerir rápido lo que estaban observando —en la década de 1990—: con una multitudinaria marcha en la capital reflotaron sus más oscuros pensamientos y su acción anticomunista, sacando a los policías con perros, la montada y gases, reprimiendo la movilización.
Los supervisores miembros de la GAA se escondían en sus cuevas, desorientados, sin argumentos ni herramientas para detener la batalla de los que en algún momento fueron Apóstoles y Ejército Blanco de la Paz.
Hubo batallas ganadas y otras perdidas, pero la lucha encarnizada siguió. Se presentó al gobierno un documento elaborado por la OTEP-SN (Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay – Sindicato Nacional) y posteriormente consensuado con las otras organizaciones, el anteproyecto para el Estatuto del Educador, una ley que pretendía garantizar los derechos laborales del trabajador de la educación, tales como: la carrera docente, escalafón, salario, seguro médico, antigüedad, distancia, bonificación familiar, permiso pagado por maternidad y enfermedad, jubilación, vacaciones, entre otros. Todo esto costó 12 años de lucha, paros, huelgas, debates, para su aprobación en el año 2001, quedando sancionada la Ley N° 1725/2001. Estatuto del Educador. Además, se participó activamente en la elaboración de la Ley General de Educación y su aprobación en el año 1998. Ley N°1264/1998. Paralelamente se trabajaban otros asuntos importantes dentro de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), como la elaboración y aprobación del Código Laboral que tampoco existía, esto en acción conjunta con otros sectores de trabajadores.
Iban tomando forma legal la educación y los derechos laborales de los/as maestros/as, pero quedaba mucho por pelear para su implementación, que hasta el día de hoy sigue pendiente. Cuando todo parecía estar en calma, se cruzó la Reforma de la Seguridad Social, que encendió de nuevo la lucha. Esta reforma planteaba para el sector docente tener 60 años de edad y 28 años de servicio con una tasa de sustitución del 87 % para la jubilación ordinaria (anteriormente fueron para la jubilación ordinaria 25 años de servicio con una tasa de sustitución del 93 % y 14 % para la Caja Fiscal) y con un aumento de 2 % más para los fondos jubilatorios, es decir 16%. La consideración como años de trabajo de tres hijos nacidos durante el ejercicio de la profesión para la mujer, antes eran contados 5 hijos para el varón y mujer, llevó cuatro años de batallas, debates, paros, huelgas, alianzas, hasta que fue aprobada en el año 2003 con algunas modificaciones, quedando sin efecto la edad mínima ni máxima para la jubilación.
Aquí también se incorpora a los jubilados del magisterio al seguro médico del IPS, con un aporte del 5,5 % del ingreso de cada uno, quedando sancionada la Ley N° 2345/2003. DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL, SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO.
Desde el año 1989 se luchó e intentó participar con propuestas concretas en la elaboración del Sistema Curricular de las diferentes Reformas Educativas, con el fin de establecer la calidad del Sistema en general y en particular la política de la Formación Docente, pero nunca hubo apertura de ninguno de los gobiernos que pasaron.
A 24 años de la aprobación del Estatuto del Educador, aún sigue pendiente la ejecución del mandato de la Ley. Recientemente en los dos días de huelga del Magisterio el 18 y 19 de agosto, siguen exigiendo el cumplimiento económico en la Carrera Docente, el ajuste del salario acorde al IPC (Índice de Precios al Consumidor), pago al día del escalafón, pagos a los reemplazantes por permiso de maternidad y enfermedad, aporte patronal y del Estado a los fondos de jubilación y para el seguro de IPS. Todos/as las Trabajadoras/es de la Educación deben estar en alerta ante señales del Gobierno de la derogación del Estatuto del Educador, que, según ellos, establece excesivos derechos para el sector.
