Opinión | Por Emily Corvalán – Responsable de la Comisión Nacional de Género, Diversidad y DD.HH. de la Juventud Comunista Paraguaya (JCP)


Mientras figuras de autoridad política y religiosa declaran que «Paraguay no es machista», la prensa de las patronales despliega otra realidad en titulares sangrientos: cerca de 15 feminicidios cuya brutalidad y frecuencia solamente empeoran y más de 1.300 víctimas de abuso sexual infantil registradas solo este año —sin contar los casos encubiertos o que simplemente quedan a la deriva por falta de asesoramiento o acompanamiento judicial—. Del total de víctimas de abuso sexual en niños se registran 235 menores de 0 a 5 años de edad, 395 de 6 a 9 años, 484 de 10 a 13 años y 191 personas de 14 a 17 años. Totalizando un 87 % de víctimas menores de 14 años de edad. 

Hay verdades que unen casi invisiblemente las acciones, los discursos políticos tradicionales y las iglesias llenas los domingos: la negación institucional del machismo y la indiferencia del Estado. Ambas alimentan con grandes cucharadas a los monstruos de la crueldad. 

El horror del caso de la niña de 13 años es una muestra de la violencia estructural ejercida contra las niñas y mujeres en Paraguay

Esta semana, el país se estremeció ante el caso de una niña de 13 años que murió  tras un parto en el departamento de San Pedro. El hecho incluso tuvo eco en la prensa internacional. Lo ocurrido en Santa Rosa del Aguaray no es  una excepción: es el síntoma de una patología social que normaliza la violencia desde la infancia, que encubre abusos y excluye a las víctimas. 

El padre de la víctima, entre lágrimas, declaró a la prensa que hubiese preferido la cárcel si un aborto salvaba la vida de su hija. En medio del debate, a raíz de la tragedia y las afirmaciones del padre, la senadora Lizarella Valiente del Partido Colorado mencionó que “producto de esa tragedia hoy vive una bebé”, refiriéndose así al primer derecho humano que es la vida. 

Ante sus palabras espeluznantes, surgen una serie de preguntas imprescindibles para todos los testigos de las injusticias diarias y la represión e inacción de las autoridades: ¿Y los otros derechos? ¿El derecho de esa niña a no ser violada? ¿A no ser madre a los 13? ¿A no haber muerto? Esta contradicción revela entre tantas cosas la fetichización del sacrificio que deben pasar las víctimas de abuso y la relegación casi total de la libre voluntad, que ritualizan el sufrimiento y llaman “milagro” al producto del terror de una niña.

Ministerio de la Familia: un recorte de derechos que se disfraza de «racionalización» de gastos

En este contexto reciente, liderados por la senadora Lilian Samaniego durante una sesión en abril de 2025, legisladores de Honor Colorado presentaron un proyecto para crear el “Ministerio de la Familia”, que pretende fusionar el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, y la Secretaría de la Juventud, con el argumento de racionalizar gastos y centralizar políticas para eliminar cargos superfluos. Pero las consecuencias no conllevan solo lo económico, sino la alineación taxativa con agendas antiderechos que perjudica aún más el acceso a derechos y defensa contra todas las violencias hacia los grupos más vulnerables de la sociedad. La reforma económica a la que nos someten no tiene piedad ni freno.

La razón de la falta de reconocimiento del machismo es maliciosamente intencional. Para el Estado, la protección de las mujeres, niños, adolescentes y todos los grupos vulnerabilizados, es un gasto innecesario. Nuestro sistema judicial simplemente ignora denuncias previas a feminicidas y violadores. Lo único que nos garantiza el Estado paraguayo a las mujeres es la desprotección en todo el momento de nuestra existencia. Todos estas problemáticas son caras de una misma crisis estructural: las prácticas del patriarcado que el modo de producción capitalista asumió para su conveniencia, fortalecidos por el conservadurismo político que viste sus rigideces de valores, mientras en las casas y en los barrios humildes, en las oficinas y en el campo, la gente se desangra en silencio, en especial las infancias, adolescencias, y mujeres.

Solamente una transformación radical de la sociedad garantizará que las personas vivamos sin discriminación, violencias, y abusos, y es prioritario que esa nueva sociedad debata sobre cómo estas prácticas serán superadas. En ese contexto, es importante que disputemos ideológicamente con nuestros enemigos de clase el sentido común para lograr que el pueblo trabajador sea consciente de que la violencia sexual no es un mito, sino que se encubre, que el machismo y los roles de género no son naturales, son viejas formas de control, y que no hay nada más antinatural que vivir de esta forma.