Paraguay | Por Steffany Melgarejo & I. M. Isasi. – Comité Estudiantil Félix H. Agüero
Ubicado en la Colonia Ára Pyahu, distrito de Capiibary, del departamento de San Pedro, se encuentra el complejo del Centro de Innovación para la Agricultura Familiar (CIAF) que abarca unas 960 hectáreas donadas por la comunidad y tituladas a nombre de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) desde 1998.
Actualmente la infraestructura edificada consiste en tres pabellones: uno para el decanato, otro para servicios de mantenimiento y un tercero destinado al desarrollo de clases, con ocho aulas y una capacidad para aproximadamente 350 estudiantes, todas equipadas con escritorios, pupitres, computadoras y todo el mobiliario e insumos necesarios para operar.
Las instalaciones se encuentran en desuso, salvo algún que otro foro sobre agricultura familiar que se llevó a cabo en las mismas, sin embargo, el acto oficial de inauguración se llevó a cabo el 20 de septiembre de 2021. Al mismo asistieron autoridades de la UNA, del Consejo Nacional de Educación Superior (CONES) y de la Gobernación, junto con líderes locales de la Comisión pro UNA, conformada en 2016 para impulsar la ejecución del proyecto.
Uno de los dirigentes de la Comisión señaló que como comunidad buscan que se habiliten las carreras de Veterinaria e Ingeniería Agronómica, con un enfoque agroecológico y dirigido hacia la agricultura familiar, por las condiciones y necesidades productivas de la región. El mismo concluye que uno de los motivos de la no habilitación podría ser que el enfoque planteado por los pobladores no se ajusta al modelo agroexportador y mecanizado dominante en el sector primario de la economía de nuestro país, por lo tanto no es prioritario, no es rentable.
Entre las medidas de protesta tomadas en torno a la causa, cientos de estudiantes de distintos colegios se movilizaron por la avenida principal de Ára Pyahu en noviembre del año pasado.
En conversación con una dirigente secundaria de la zona, la misma reafirmó que existe un alto interés por parte de los estudiantes en cursar estas carreras por las características propias de la zona, como ya mencionamos; «porque mi papá o mi abuelo tienen tierras y voy a poder aprovecharlo», comentaban los jóvenes en un encuentro entre estudiantes de varios colegios. La compañera también resaltó que todas las autoridades institucionales están al tanto de la situación, pero que aún así no hacen nada al respecto, y recalcó la necesidad de habilitar alguna tecnicatura además de las carreras requeridas. También destacó que en la comunidad cuentan con docentes capacitados para estas especialidades.
Capiibary es el segundo distrito con mayor número de habitantes de San Pedro y cuenta con más de veinte colegios. Según un sondeo realizado por compañeros locales, habría entre 1.000 a 1.500 egresados de la educación media por año. Además de estos factores, por su ubicación estratégica, el CIAF tiene la capacidad de incluir a estudiantes no solo de San Pedro, sino también de los departamentos de Caaguazú y Canindeyú.
Son más de tres promociones de egresados que no han podido continuar con sus estudios desde la inauguración del proyecto. El potencial de miles de jóvenes de desarrollar sus talentos y capacidades en beneficio de sus comunidades y de la sociedad queda truncado por el abandono total de este complejo. Curiosamente, la compañera comentó que los funcionarios del CIAF «prenden, dan una vuelta y vuelven otra vez», en referencia a los tractores y a la maquinaria agrícola con la que ya cuenta el Centro, para que no se averíe y quede obsoleta.
De igual manera, la compañera expresó que una vez terminados sus estudios secundarios, son muchos los que se resignan a trabajar debido a los altos costos que implica acceder a la educación superior, la esperanza de conseguir alguna beca es lo que les queda.
Mientras los que tienen la posibilidad de cursar sus estudios universitarios, por lo general, deben hacerlo en instituciones privadas de la zona, o en todo caso se ven forzados a migrar a otros departamentos –principalmente a Caaguazú– para acceder a la educación pública. La compañera nos contó que desea poder estudiar agronomía o veterinaria en su localidad y en la universidad pública, ya que las propuestas académicas de los institutos y universidades privadas de la zona predominantemente se centran en las ciencias de la educación y solo una de estas instituciones cuenta con las dos carreras de interés. También señaló que la calidad educativa de las mismas es bastante deficiente. Aunque se presente como solución aparente, la educación como mercancía es otro de los tantos obstáculos que limita las capacidades de miles de jóvenes en el país.
Como Comité Estudiantil Félix H. Aguero, el pasado viernes 20 de junio, junto a compañeros del Movimiento Popular Mba’eiko Jajapota, entregamos una nota firmada por la Comisión pro UNA y por otras organizaciones sociales y estudiantiles con las que estamos apoyando la causa. A través de la misma, las compañeras y compañeros de Capiibary buscan lograr una audiencia con la rectora de la UNA para tratar la situación.
En vista al año lectivo 2026, las y los estudiantes, docentes, madres, padres y dirigentes sociales de la comunidad, exigen la habilitación académica –por resolución– del complejo, la designación de docentes y definición del calendario académico, así como la inclusión en el presupuesto para el próximo año.
Este caso es una muestra más de la orientación excluyente de la educación hacia las hijas e hijos del pueblo trabajador bajo este sistema dominante que se manifiesta de diversas formas, pero que se acentúa especialmente en el interior del país, donde el acceso a la educación superior es aún más limitado debido a la escasa presencia de universidades públicas. En las zonas donde sí existen sedes universitarias, la oferta académica suele ser reducida en comparación con la de la capital y sus alrededores. A esto se suma una infraestructura generalmente deficiente y en mal estado. En muchas ciudades del interior, además, el transporte público es inexistente y no se cuentan con caminos adecuados para llegar a las casas de estudio, lo que representa una barrera adicional para las y los estudiantes.
