Paraguay | Por Renato Rönnebeck, Derechos Humanos – PCP
En las últimas semanas, las instituciones estatales paraguayas volvieron a exhibir su fragilidad. Mientras el gobierno hace alarde de “modernización” y “transparencia”, las redes del Estado son vulneradas de forma sistemática y alarmante.
Uno de los casos más simbólicos fue el del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP): durante semanas sus redes sociales (herramientas clave de visibilización institucional) fueron utilizadas para publicar pornografía. El hecho fue minimizado por las autoridades gubernamentales y omitido en general del discurso oficial.
El MNP, que debería proteger a las personas privadas de libertad de tratos crueles, inhumanos o degradantes, da cuenta de las prioridades del Estado. Lo simbólico es brutal: un órgano dedicado a resguardar los cuerpos más vulnerables de la violencia estatal es violentado digitalmente, sin respuestas ni responsabilidades. Aunque esta situación no es fortuita ni excepcional, ya que el Estado burgués para preservar los intereses de la clase dominante, tiende a desatender las necesidades de las instituciones que velan mínimamente por la clase trabajadora frente al monopolio de la violencia estatal, sus fuerzas represivas y su sistema penitenciario. La precariedad del MNP no es una anomalía, sino una manifestación de una estructura estatal que prioriza el control y la represión sobre la protección de los más vulnerables.
En este contexto, la ciberseguridad no es solo un problema técnico, es un reflejo ideológico. Cuando el Estado desinvierte en lo público está haciendo política. Una política que prefiere blindar a los poderosos antes que proteger a quienes enfrentan a diario las múltiples violencias del sistema. Además, la falta de respuesta efectiva ante estos ciberataques revela una complicidad tácita. La inacción gubernamental envía un mensaje claro: la protección de los Derechos Humanos no es una prioridad. Esta actitud se alinea con políticas represivas que buscan silenciar las voces disidentes y mantener el statu quo.
La defensa de los Derechos Humanos no puede depender de estructuras frágiles y desatendidas. Solo a través de una transformación estructural, que coloque la dignidad humana como un eje central, podremos avanzar hacia una sociedad verdaderamente justa.
