Análisis | Por Oscar Herreros Usher

En estos días han abundado en los diversos medios de prensa noticias sobre la intención del gobierno de modificar el régimen que regula la llamada merienda o almuerzo escolar.

El proyecto consistiría en que sea el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) el que administre los dineros del FONACIDE y otros recursos destinados a ese fin así como asuma las responsabilidades operativas y logísticas necesarias.

Se ha informado que el beneficio de la merienda escolar llega, y no siempre regularmente, sólo al 18% de las niñas y niños que cursan del 1º al 9º grados, o sea, unos 300.000 chicos, cuando los matriculados son alrededor de 1.100.000. El objetivo es que a partir del año 2025 el almuerzo llegue a todos los que estudian en escuelas públicas.

El sistema presenta en la actualidad diversas deficiencias. Por ejemplo, los criterios de asignación de recursos hacen que su distribución no sea acorde a las necesidades regionales, resultando que los distritos más pobres reciban menos ayuda, y esto se viene arrastrando ya unos 10 años.

Por otra parte, los fondos son administrados por gobernaciones e intendencias municipales. Dada la naturaleza prebendaria y corrupta del Estado inaugurada por, y heredada de, el stronismo las avivadas, rapiñas, licitaciones amañadas, tolerancia a incumplimientos contractuales, etc. de las autoridades regionales son prácticamente inevitables. A esto se suma el débil e ineficiente control de la gestión de los responsables, como lo demuestran las denuncias que cada tanto aparecen en la prensa pero que no se corresponde con el número de intervenciones judiciales para castigar a los que se enriquecen a costa del hambre de los más vulnerables de la población.

No tenemos datos suficientes para evaluar correctamente las ventajas y las probabilidades de éxito del proyecto anunciado por el Poder Ejecutivo. Pero, sintomáticamente,  ya han surgido críticas y reclamos de algunos personajes que tienen algo que perder.

Actualmente el servicio es proveído por empresas que son seleccionadas mediante licitaciones en las que se establecen tanto las condiciones empresariales como las modalidades y la calidad de los productos que deben elaborar. Justamente, esas condiciones hacen que sólo empresas que dispongan de abundante capital pueden pretender ser adjudicados. Dada la orientación clasista pro empresarial del gobierno, empeñado en “mejorar el ambiente de negocios” como manda el FMI en el mismo acuerdo que ordena la aprobación de las leyes de superintendencia de jubilaciones y de la carrera del servicio civil, no es de esperar que cambie esa situación.

Un programa de merienda escolar que sea verdaderamente beneficioso para la población en general no debe fundamentarse en la mercantilización del hambre de los niños, no debe constituirse en otra oportunidad de negocio para los poseedores del capital, como hasta ahora. Es necesario, por el contrario, tender a que los protagonistas de su implementación y aplicación sean las comunidades en las que se encuentran las escuelas, sobre todo en las áreas rurales y las pequeñas ciudades.

Ese protagonismo puede lograrse haciendo que la fuente de materia prima sea la agricultura familiar campesina, que la elaboración de los alimentos y la logística de su distribución esté a cargo de cooperativas de vecinos, madres y padres de los alumnos, con la instalación de pequeñas panaderías, frigoríficos y otras instalaciones similares.

Consecuentemente, el programa de merienda escolar no debe limitarse a la provisión de fondos y su correspondiente control de gestión sino que debe incluir apoyo suficiente y eficiente a la organización de las comunidades para asumir responsabilidad de las tareas productivas señaladas. En esto el Ministerio de Desarrollo Social puede jugar un rol imprescindible como lo señala su misión, “contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades”.

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