Análisis | Por Oscar Herreros Usher

L’Etat, c’est moi (El Estado, soy yo). Esta frase es atribuida a Luis XIV, rey de Francia y paradigma del absolutismo monárquico europeo de su época. La habría pronunciado el 13 de abril de 1655 para vencer la resistencia del Parlamento de París a la aprobación de varios edictos que aumentaban impuestos propuestos por él. Muchos historiadores dudan de la autenticidad de la frase y varios de ellos afirman que le fue adjudicada mucho después por los liberales detractores de la monarquía. Independientemente de que la frase sea apócrifa o no, la misma es una fuerte expresión de la concepción autocrática de la vida política. Su significado es que el gobernante es la encarnación del Estado, que su voluntad es la ley.

Esto viene a cuento de la evolución política de nuestro país en este último tiempo.

Ya ha sido aprobado en la Cámara de Senadores y está a consideración de los Diputados un proyecto de ley “Por el cual se establecen medidas extraordinarias de gestión para las finanzas públicas”. Este proyecto, que con toda seguridad será ley, concede al Presidente de la República a través de su Ministro de Economía, la potestad de modificar el Presupuesto General de la Nación a su antojo y voluntad, de disponer arbitrariamente de una serie de fondos del Estado, de emitir deuda pública nacional o internacional, de contratar préstamos hasta la suma de seiscientos millones de dólares norteamericanos, entre otras medidas extraordinarias. Todo sin necesidad de someterlas a la aprobación del Poder Legislativo, como es práctica corriente en cualquier “democracia” liberal, a pesar de las graves afectaciones que podrían causar a la población en general.

A esto se debe sumar el llamado “proyecto de ley de superintendencia de jubilaciones y pensiones”, cuyo propósito disfrazado es el saqueo de los fondos de jubilaciones para financiar los déficits estatales y las actividades especulativas del capital empresarial-financiero. Un efecto colateral, un objetivo importante, quizás central, pero muy bien oculto por los proyectistas, será el desmantelamiento del sistema de reparto solidario actual para dar paso a uno de capitalización individual a cargo de empresas privadas y de nefastas consecuencias para las clases trabajadoras de los países en los que fue implementado. Un aspecto notable de este proyecto es la figura del superintendente al que se le otorgan las facultades de dictar criterios y normas, de obligatorio cumplimiento por parte de las entidades de jubilaciones y pensiones, relativas a la administración e inversión de los fondos de los aportantes. O sea, es la aplicación en un funcionario nombrado “a dedo” por el Banco Central, aunque restringido al ámbito de su actuación, de la célebre frase que supuestamente pronunció el monarca francés.

En nuestro caso, puede ser que aquella frase atribuida al rey de Francia no se deba aplicar a un individuo en exclusiva, ya sea este presidente o superintendente, sino a la facción política que se ha hecho con el gobierno del Estado desde las pasadas elecciones. Mejor dicho, al conjunto de la dirección corrupta del Partido Colorado, dirigida por la narcomafia e históricamente experta en diversas formas de fraude para lograr su perpetuidad en el poder. Desde la tiranía de su presidente honorario, Alfredo Stroessner, este partido, ahora con la complicidad de elementos de una pretendida oposición, ha convertido al Estado en un mercado clientelístico y prebendario y ha entregado las riquezas naturales, la tierra, el potencial hidroeléctrico, la banca, el comercio exterior, en suma, la soberanía, a los intereses del capital principalmente extranjero.

Esta situación ya dura cerca de ocho décadas y su final sólo llegará si el pueblo paraguayo, así como lo hizo el francés a finales del siglo XVIII encabezado por su clase trabajadora, toma conciencia de su condición, se organiza y dice basta por medio de la Revolución. En aquella ocasión literalmente rodaron varias cabezas.