Después de la criminalización

Hace unos días el senador Enrique Riera (ANR), anunció en su cuenta de T witter que presentaría un proyecto para modificar un inciso del artículo 216 del código penal paraguayo para criminalizar formas de protestas públicas.

Por Jean Mersault

Es necesario restablecer la noción de la justicia. Es necesario protestar del atentado sin nombre que este Gobierno comete contra los habitantes del Paraguay. Sería un infame precedente en vuestra historia que no se levantara hoy una sola voz a declarar con la serena omnipotencia de la verdad, en qué consiste el atentado de que somos víctimas.

Barrett, El Dolor Paraguayo.

Enrique Riera, un pequeño resumen.

En su prontuario como dirigente colorado resalta, concretamente, haber sido intendente durante la tragedia de Ykuá Bolaños, motivo por el cual incluso fue repudiado por la asociación de víctimas del incendio, además el año pasado consiguió con una mayoría colorada modificar el código penal para blindar las tierras malhabidas y criminalizar la lucha por la tierra, donde recurrió a mentiras y manipulaciones para justificar el proyecto. Siendo ministro de educación su proyecto más importante se sintetiza en esta frase: “Si no se cree (en nuestra posición oficial) podemos amanecer, les puedo decir, les puedo firmar, puedo quemar los libros con ustedes en la plaza”.

Ahora pretende cercenar un derecho humano, sobreponiendo los intereses de la burguesía, siendo la voz de los dirigentes de la UIP y otras organizaciones de la misma calaña.

El derecho a la protesta social.

Está claro que ante nuestra realidad en esta democracia, y frente a los poderosos lobbys, no hay mucho que hacer, bajo esta circunstancia la protesta social se erigió tantas veces en la historia como la única herramienta funcional y exitosa para que los trabajadores y las trabajadoras pudieran conquistar derechos, esto también es asimilado, ciertamente, por los proyectistas de esta aberración autoritaria, al más puro estilo del régimen stronista.

Estamos en un momento clave en la historia moderna del país, no es para menos darle la atención que se merece a esta modificación que amenaza a cualquier persona que quiera expresarse por medio de la manifestación pública, los argumentos esgrimidos por Enrique Riera, dejan a entrever que todo gira en torno a la posibilidad de suprimir y reducir las marchas organizadas contra figuras como la suya, más concretamente el partido de gobierno y otras organizaciones burguesas, como las ya anteriormente mencionadas.

Teniendo en cuenta que a fuerza de protestas y luchas organizadas se han reconocido internacionalmente los derechos humanos, que hoy se consideran básicos en los estándares internacionalmente dependientes del modo de producción imperante, el derecho a protestar es uno de los fundamentales, como bien menciona el informe de la relatoría de libertad de expresión de la CIDH, existe una marcada posición que indica “ante una posible colisión determinada por el modo de la protesta -cuando supone cortar u ocupar parte de una calzada o ruta- entre el derecho de tránsito, por ejemplo, y el derecho de reunión, “corresponde tener en cuenta que el derecho a la libertad de expresión no es un derecho más sino uno de los primeros y más importantes fundamentos de toda la estructura democrática…”

La criminalización de la protesta no es algo exclusivo de las políticas públicas de nuestro país, también en la región se vio un auge en la aplicación abusiva del Código Penal, en los últimos diez años, tanto así que la CIDH en el informe sobre Protesta y Derechos Humanos, expresamente apunta a que los Estados deben dejar de aplicar tipos penales que convierten en actos criminales conductas comúnmente observadas en protestas, como los cortes de ruta o los actos de desorden que, en sí mismos, no afectan bienes como la vida, la seguridad o la libertad de las personas. Defender los derechos, es defender la protesta.

Entonces, ¿De qué habla Riera?

Cuando sobrepone la libertad de tránsito no lo hace genuinamente para apelar al respeto de derechos constitucionales, puesto que sus antecedentes lo demuestran, hoy día representa en el poder legislativo a la fuerza reaccionaria más peligrosa de todas, escudándose en un formalismo legal abstracto pretende encerrar a cada persona que quiera hacerse oír en las calles, a cualquiera que quiera mostrar sus ideas de manera organizada y luchar contra la injusticia de la forma más básica de todas. Su libertad de tránsito no es la libertad de tránsito de las mayorías trabajadoras que están imposibilitadas de moverse por no existir un transporte verdaderamente públicos, o por raudales, o por un montón de otras razones que no ameritan el discurso grandilocuente de un senador con manchas de sangre en las manos.

Él representa a las mismas fuerzas que mencionan que necesitamos más mano de obra, ¿A qué costo? No importa, la fuerza laboral es un eslabón para el capital, uno más, reemplazable y maleable. Pero la clase trabajadora ha demostrado históricamente su capacidad de organización frente a este Estado que nunca respetó los derechos a la protesta social, ni que hablar cualquier otro derecho humano, y probablemente siempre querrán lanzar la violencia legal, dado su monopolio de ella, contra la planificación y la extrapolación de ideas que vienen de los sectores más precarizados, porque saben que de esa forma correría peligro el statu quo en el cual tienen todos los beneficios.

La violencia policial, la violencia penal, la despreciable violencia es exclusiva de las fuerzas estatales, y ahora pretenden suprimir incluso la protesta pacífica, que ya con la conocida “ley del marchódromo” en Paraguay es regulada y limitada a lo mínimo de visibilidad, la cual dudosamente se adapte a la esencia constitucional del artículo 32, remonta inevitablemente a las normativas stronistas de otros tiempos.

Lo más fácil es modificar el código, lo más fácil es proponer un inciso elevando hasta seis años la expectativa de pena, lo más fácil es decir que tal forma de protesta es un crimen, lo más fácil es aplicar esos criterios extendidos del código contra los más débiles, porque para Riera lo importante es castigar, vilipendiar y encerrar a quien se atreva a visibilizar una protesta, y, ciertamente, no se le puede pedir ni siquiera que intente comprender, ni remediar, ni prever las circunstancias que llevan a la gente a pedir con un grito desgarrado, con su alma y corazón, una mejor vida.

Por eso, para cualquier persona que se diga democrática, para cualquier persona trabajadora, estudiante, la posición lúcida, sí, esa herida próxima al sol, es estar contra este proyecto de Riera, firmado también por Georgia Arrua, Fidel Zavala, Tony Barrios, Sergio Godoy, Patrick Kemper, Stephan Rasmussen, Silva Facetti y Enrique Bacchetta. ¡Ellos son los enemigos de nuestra clase!

Fotos: Elisa Marecos.